Por Adriana Fernández Vecchi
Después de los horrores del terrorismo de Estado de 1976 y el exterminio genocida un abismo se yergue ante nosotros. Un abismo que ha socavado los criterios para determinar el pensamiento jurídico, por lo que resulta impotente la consideración del derecho penal para presos comunes, Es imprescindible el marco del derecho internacional sobre los delitos de lesa humanidad. Es necesario un horizonte que pueda venir en nuestro auxilio para afrontar la comprensión de los terribles acontecimientos ocurridos y que sobrevuele lo contingente para darle un futuro seguro a la sociedad frente a la posible amenaza de coexistencia con procesados con por tales atrocidades que no dan muestra de conciencia sobre lo perpetrado. Nos preguntamos ¿en qué medida nos encontramos implicados si somos indiferentes? ¿somos responsables de un devenir trágico.? Resulta necesario realizar una autocrítica y repensar cómo podría continuarse con nuestra democracia, si los dirigentes, representantes, funcionarios públicos no son garantes de la justicia y equidad y de la razonabilidad de las decisiones que tomen. De alguna forma, por acción o por omisión, el advenimiento de un régimen con impunidad son fruto del conjunto de los actores sociales. Este momento histórico es bisagra que pone en tela de juicio para desbrozar para contribuir en el derrotero político que fortalezcan las instituciones y los valores democráticos, pero también es necesario retrotraerse más atrás para indagar los pilares que constituyen a nuestra soberanía.
El golpe del ´76 encerraba un proyecto socioeconómico cuyo propósito era desmantelar cualquier Estado de bienestar. La época de Cavallo representó la continuidad de ese objetivo con un esquema enmarcado en la globalización. Esta meta sigue lamentablemente, reciclándose gracias también a una renovada clase social que se flexibiliza a pesar de que ya ha sido castigada en otro momento histórico.
El plan político y económico fue una razón prioritaria del golpe de Estado. La dictadura fue planificada con detalle y anticipación, incluyendo la desaparición de personas y el robo de bebés. La decisión del 24 de marzo fue tomada mucho antes y en ella fueron determinantes los sectores concentrados del capital local ligados estrechamente al capital internacional. En ese momento Videla y la junta militar se articularon con los intereses de los terratenientes relacionados con los del capital financiero para organizar el imperio del orden con una sistemática represión, insensible al respeto por la vida humana.
La lucha por los Derechos Humanos y la condena a militares y civiles que fueron los culpables de esos crímenes de lesa humanidad tiene una larga historia, sellada también con dolor y agallas para encontrar y enjuiciar a los responsables.
En 1985 se produjo el juicio a nueve altos jerarcas militares por su participación en la represión ilegal, por un tribunal civil oral y público. Pero hubo también que superar la teoría de los dos demonios. Esta teoría anulaba los objetivos de reconfiguración socioeconómica del Proceso militar y explicaba la represión ilegal como “excesos” cometidos por las fuerzas armadas en el marco de una guerra entre dos facciones iguales en fuerza de ataque y recursos. Si bien el juicio a las juntas condenó a los altos mandos las leyes de Punto Final en 1986 y Obediencia Debida en 1987, pusieron fin a los procesos contra los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura. Estas oscurecieron la justicia con la impunidad, indultando y queriendo echar un manto de olvido sobre una historia de aberrantes hechos sociales, económicos y humanos.
En 2005 estas leyes fueron derogadas lo que permitió que se reanudaran los juicios y la condena a los responsables.
La memoria y la Justicia es una deuda que las generaciones actuales tienen para sus hijos y nietos. La historia tiene sus propios relatos que, aunque se planifique la mentira la verdad se redime a sí misma. No es mágico sino que siempre hay un conjunto de actores sociales que a través de organizaciones enjuagan la impunidad y devuelve a la comunidad su dignidad Madres y Abuelas, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia y la agrupación Hijos entre otras, han sostenido la lucha y apoyado a los sobrevivientes para seguir develando a los culpables de los crímenes y encontrando a los nietos apropiados como botines de guerra después de asesinar a sus padres.
Los derechos Humanos se convirtieron en todos estos años en una bandera Ética que supone actuar con equidad y respeto. Las organizaciones han acompañado todo aquello que socava la dignidad y arrasa insensiblemente con los derechos de los más vulnerables. El terror y los crímenes de lesa humanidad van de la mano de intereses económicos y ansias de poder capaces de acciones inimaginables.
El 24 de marzo es una fecha para la Memoria, la Verdad y la Justicia. Pensar que vos, o yo que somos pensadores libres podemos ser acechados por el terror. Por eso, no se puede permitir que la historia olvide, por nosotros, por nuestros hijos y nietos, que la humanidad no puede volver al horror bajo cualquiera de sus formas, ni dejar impune a los culpables tanto cívicos como militares. Por ello, debemos abogar para que los culpables de tales delitos sigan siendo considerados como de lesa humanidad y se paute las morigeraciones de pena de acuerdo al derecho internacional.
“Todo está clavado en la memoria
Espina de la vida y de la historia”
Nos hacemos eco replicando:
Insistimos en la justicia
Resistimos a la impunidad