Por Adriana Fernandez Vecchi

Vamos a realizar un comentario sobre la nota publicada en diario Página/12 el 2 de febrero de 2026 de Luciana Bertoia, periodista, politóloga y magister en DDHH. El texto nos ofrece una lectura lúcida sobre el estado de la agenda judicial argentina a propósito de los cincuenta años del golpe de Estado de 1976. Como todos sabemos este año se cumplen 50 años del 24 de marzo y se espera una gran actividad por la memoria verdad y justicia para ese mes. El contenido se inscribe sobre un momento histórico cargado de disputas simbólicas y materiales en torno a la memoria, la verdad y la justicia, y pone en evidencia que el aniversario no solo convoca a la conmemoración, sino también a una revisión crítica de las deudas pendientes del sistema judicial frente a los crímenes del terrorismo de Estado.
Bertoia analiza con claridad el modo en que numerosas causas por delitos de lesa humanidad continúan demoradas, fragmentadas o directamente paralizadas. Lejos de presentar esta situación como un mero problema administrativo, la autora la vincula con decisiones políticas y judiciales que impactan de forma directa en la posibilidad de alcanzar justicia efectiva. En ese sentido, su texto señala cómo la lentitud de los procesos favorece escenarios de impunidad y en consecuencia muchos responsables mueren sin haber sido juzgados y las víctimas quedan relegadas a una espera interminable.
Uno de los aportes centrales de la columna es la ampliación del foco tradicional sobre la represión, al incorporar dimensiones históricamente relegadas, como la responsabilidad de sectores empresariales, el rol de los servicios de inteligencia y el saqueo de bienes de las personas perseguidas. Esta mirada permite comprender el terrorismo de Estado como un entramado complejo de intereses económicos, institucionales y políticos, y no únicamente como el accionar de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, la autora otorga un lugar destacado a las infancias y adolescencias atravesadas por la violencia represiva. Al recuperar estas experiencias, el texto pone de relieve que las consecuencias del terrorismo de Estado no se limitan al pasado, sino que persisten en trayectorias vitales marcadas por el despojo, el silencio y la negación de derechos fundamentales. De este modo, la cuestión de la justicia se enlaza con la necesidad de reparación integral y reconocimiento social.
Bertoia también advierte sobre los riesgos actuales que enfrentan las políticas de derechos humanos, especialmente frente a discursos y decisiones que buscan relativizar los consensos construidos desde el retorno democrático. En ese marco, su columna funciona como una interpelación directa a los poderes del Estado, en particular al Poder Judicial, para que el aniversario de los cincuenta años no se reduzca a un gesto simbólico, sino que se traduzca en avances concretos.
La columna de Luciana Bertoia no solo informa, sino que contribuye a sostener una mirada crítica sobre el presente, recordando que la democracia se fortalece cuando la justicia avanza y las deudas del pasado no son naturalizadas.