Cuando todo sea privado,
seremos privados de todo.
Gérard Paris-Clavel (Francia 2021)

Por Miguel Ángel Acuña

La cuarta ola neoliberal que asola nuestro país, incurre en las mismas políticas económicas nefastas que llevaron a la destrucción de la producción industrial nacional, crecimiento de la pobreza, desempleo y fragmentación social. También profundiza en el cambio cultural iniciado en la última dictadura: se impulsa con éxito el individualismo, el egoísmo y el enriquecimiento a cualquier costo, no importa a quienes afecte ni lo que haya que hacer, en lugar de valores que caracterizaron históricamente a la sociedad argentina, como la solidaridad, el respeto por los derechos conquistados, el amor a la patria, el orgullo de ser argentino, entre otros.
Pero más que una ola, las transformaciones que intenta imponer Milei, se las puede comparar con un verdadero Tsunami, no solo por la magnitud de los cambios, sino también por la devastación y consecuencias funestas que deja a su paso. La mayor parte de los artículos de este DNU atentan contra derechos de la gran mayoría de la población, conseguidos a través de la lucha desde hace décadas. En este artículo quiero destacar uno que vulnera principalmente la soberanía nacional, aspecto fundamental que más allá de todo lo que implica, incidiría también en los derechos de las generaciones futuras: el derecho de acceder a ciertos bienes y recursos que hoy son nacionales y que si se llega a derogar la Ley de tierras, quedaría en manos de capitales principalmente multinacionales y transnacionales, para su usufructo privado.
La ley 26.737 conocida como Ley de tierras promulgada en 2011, prohíbe la posibilidad de vender terrenos con fuentes de agua importantes o que se encuentren en zonas de seguridad de fronteras a capitales extranjeros, limitando la propiedad y la posesión de tierras rurales de un mismo titular extranjero a un máximo de mil hectáreas. También limita que solo se puede alienar a capitales extranjeros hasta un 15 % de las tierras rurales totales del territorio nacional. Esta ley en lo fundamental no es muy diferente de la que rige en EEUU, Canadá, Francia, Italia entre otras potencias, que suelen siempre ser planteados como modelos, por los funcionarios de los gobiernos neoliberales de nuestro país.
El Artículo 154 del DNU de Milei, plantea derogar la Ley de tierras, que en síntesis habilita a que el capital extranjero se apropie de los recursos naturales de nuestro país, objetivo que venían buscando desde hacía bastante tiempo. No solo el litio y los llamados “metales raros” de gran demanda en la industria tecnológica, y que Argentina es uno de los pocos que cuenta con estos escasos commodities, sino también el agua. Están en peligro nuestros ríos, humedales, acuíferos y picos de agua entre otros recursos hídricos. Actualmente en el mundo la escasez de agua afecta a 4 de cada 10 personas y se estima que a partir de 2030 el problema se va agudizar. Las potencias al considerar sus estrategias geopolíticas a largo plazo, toman como uno de los aspectos más relevantes, el control del agua potable, no descartan la lucha armada por el control de este recurso estratégico. Con la derogación de la Ley 26737, el gobierno de Milei pone en remate la propiedad de nuestras tierras y de la riqueza que hay en ellas para el lucro del capital extranjero.
Nuestros recursos naturales bien administrados, por un gobierno interesado en el bienestar de la población y en defender nuestra soberanía, podrían convertirse en el take off (despegue), de un desarrollo económico sostenible, acompañado de una mejora en la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. En su lugar el artículo 154 del DNU de Milei, permitiría la privatización de Vaca muerta, el litio, los metales raros, el agua, el acceso y control por parte del capital privado de los Patrimonios naturales como las Cataratas del Iguazú, el Glaciar Perito Moreno, la Quebrada de Humahuaca (que además también es un importante Patrimonio cultural) entre otros ejemplos posibles. Esos bienes naturales y culturales son patrimonios nacionales y públicos y por lo tanto son de todos/as los/as argentinos/as. La derogación de la ley 26737 los convertiría en bienes privados en manos de extranjeros, destinados a su rapiña y beneficio particular, siguiendo el mismo camino del amigo de Macri, el magnate Joe Lewis, que controla el acceso al Lago escondido.
Solo ahondé algunas de las consecuencias que traería derogar la Ley de tierras, no desarrollé el peligro de vender tierras fronterizas con sus implicancias para la seguridad nacional y los consecuentes riesgos políticos y geopolíticos. Tampoco traté las consecuencias de una transnacionalización de la propiedad de las tierras agrícolas, que hasta hace poco tenían que cubrir un cupo para exportar para no descuidar el abastecimiento del mercado interno de alimentos y energía. La extranjerización de la propiedad de la tierra junto con la desregulación del abastecimiento interno va a llevar a los nuevos propietarios en la búsqueda de maximizar su ganancia, a exportar lo máximo posible y lo que quede para el mercado interno se venderá a precio internacional; inaccesible para los salarios en pesos devaluados de la mayoría de la población.
Y este es solo uno de los 366 artículos del DNU de Milei. Imagínense que pasaría si el Congreso emitiera un dictamen favorable… las consecuencias en lo económico, político, social y cultural serían catastróficas, no solo es inmedible todo el daño que pueden ocasionar, sino que muchas consecuencias funestas, serían irreversibles.
Miguel Angel Acuña
Sociólogo. Profesor e investigador de la UBA
Miembro de la Comisión Directiva del CEDIAL