Por EDUARDO S. BARCESAT*
Las elecciones del 18 de mayo de 2025, para renovar la mitad de los integrantes de la Legislatura de la CABA, al igual que las elecciones provinciales que le precedieron, configuran un tomografía de la anomia, la náusea ante lo político, y el consecuente desaliento y desencanto.-En efecto, la principal herramienta que tiene el pueblo de la Nación para expresar la voluntad popular, que es el voto para ungir a los representantes del pueblo, sea de la nación o de las provincias, ha caído en un pozo de desaliento y desencanto, frente a la náusea que provoca la política y un sentido de anomia. En efecto, ya no hay políticas que entusiasmen, el escenario de la política ya no es la elección de los programas partidarios, o del grado de participación de las grandes mayorías populares en la determinación y contenido de dichos programas.-
Lamentablemente, la pervivencia de lo dispuesto por el art. 22 de la C.N., en cuanto a que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, cláusula que por integrar la parte dogmática de la C.N., se declaró “intocable” en la Reforma Electoral de 1994, lo que impidió avanzar en el herramental de una democracia participativa. Sólo la incorporación de la consulta popular y de la iniciativa popular, con porcentuales de admisibilidad muy exigentes, determinaron el escaso o nulo uso de los instrumentos de participación.-
Al pueblo le queda el derecho de peticionar, de manifestarse en las protestas públicas, y –aunque poco se lo invoca-, en el ejercicio del derechos de resistir los actos de violencia institucional, contenido en el nuevo art. 36 de la C.N., “Deber de obediencia a la supremacía constitucional”. Nos hemos cansado de pregonar que hoy la protesta es ejercicio del derecho de “resistencia” frente a los actos de violencia institucional.-
Claro, lo que se ve y se siente en la anatomía humana, es la brutal represión de toda manifestación de disconformidad. Con el pretexto de preservar el tránsito urbano –paradojalmente interrumpido por las legiones de integrantes de las fuerzas de seguridad y policiales, dotados de un armamento que debiera reservarse para cuando se trata de nuestra soberanía territorial, y no para castigar los cuerpos de los manifestantes, amparados por cláusulas constitucionales y convencionales. No tenemos un Gobierno concernido por el bienestar general, como lo preconiza el preámbulo constitucional; lo que se tiene –padece debiera ser el término adecuado- es la sevicia del aparato represivo de Estado, alimentado por protocolos groseramente inconstitucionales y amparados por una administración de justicia, a la que no se puede nominar con el título constitucional de Poder Judicial de la Nación, que siempre endereza contra los manifestantes, no así contra las bestias cebadas de la represión, epifenómeno de lo que la ficción de los “comics” nominaría como “tortugas ninjas” o “robocops”.-
Y es en esa circunstancia, de inexistencia de un vínculo de correspondencia bi-unívoca entre el pueblo y sus representantes, que cunde, en el pueblo, el desaliento y la anomia. No hay institucionalidad, sólo una relación, violenta, de mando y obediencia.-
Sostengo, con toda convicción, que si no se recupera y ejerce, conforme el principio de soberanía del pueblo, el Estado de Derecho, sucumbe la institucionalidad y los valores-ideas-normas de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social.-
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* Profesor Titular Consulto; Fac. de Derecho; UBA
* Convencional Nacional Constituyente (año 1994)