Por Adriana Fernández Vecchi

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un informe titulado “Un año en alerta” en el que analiza el primer año del gobierno ultralibertario en Argentina. Según el informe, este gobierno ha profundizado en el disciplinamiento social a través de la represión de las protestas y la criminalización de manifestantes y organizaciones sociales.
El gobierno ha promovido la represión a las protestas, convirtiendo los espacios de manifestación en peligrosos. Las organizaciones sociales han sido estigmatizadas, perseguidas y criminalizadas. El gobierno ha ampliado las capacidades estatales de inteligencia y vigilancia, y ha habilitado a las Fuerzas Armadas para intervenir en tareas de seguridad.
El informe destaca la preocupación por la situación de los derechos humanos en Argentina, especialmente en relación con la represión y la criminalización.
El CELS también destaca algunos logros en la defensa de los derechos humanos, como el fallo histórico contra la represión del 20 de diciembre de 2001 y la sentencia internacional a 30 años del atentado a la AMIA.
Por otro lado, nosotros, el CEDIAL, queremos destacar la aparición del niete 139. Una bocanada de esperanza de la lucha de las Abuelas
Pero también es necesario poner de relieve la situación acuciante de los sitios de la memoria debido al vaciamiento de las actividades mediante los despidos.
Según el informe de situación de los sitios y Espacios para la Memoria en el campo judicial, los magistrados federales a cargo de los procesos por crímenes del Terrorismo de Estado han tomado diferentes resoluciones de protección y órdenes de prohibición de innovar sobre los terrenos, edificios, partes y elementos de prueba surgidos de las localizaciones y que se integran con las declaraciones testimoniales de las víctimas que sobrevivieron a los crímenes allí cometidos.
La Cámara de Casación Penal ya había emitido una directiva en el mismo sentido. En 2024 el Presidente Dr. Mariano Borinsky expuso su preocupación por la preservación del material probatorio que pueda resultar de valor judicial e histórico vinculados a los crímenes de Lesa Humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico militar.
Por ello dispuso el cumplimiento de las Reglas Prácticas contenidas en las acordadas1/12 y 2/22 producidas en agosto de 2024 por el Juez Alejandro Slokar donde se encargó a los tribunales orales de todo el país que garanticen la preservación del material y los sitios incluidos en los procesos de investigación de crímenes de lesa humanidad y que faciliten el acceso al mismo con el objeto de agilizar las causas.
Siguiendo de esta manera los estándares internacionales que indican a tales procesos como “un imperativo jurídico para los estados y tiene primacía sobre cualquier disposición en contrario” que por lo tanto requieren “la participación activa de todas las autoridades involucradas, las que están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba para alcanzar los objetivos de la investigación y abstenerse de realizar actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo” so pena de incurrir en incumplimiento de las obligaciones internacionales suscriptas por el Estado Argentino.
En ese sentido, cabe destacar que la legisladora porteña Victoria Montenegro ha denunciado al Secretario Alberto Baños y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
En respuesta el juez Ariel Lijo firmó en enero de 2025 requerimientos para que la Secretaría de DDHH arbitre todas las medidas con el objeto de garantizar la dotación de personal capacitado para que los espacios de Memoria sigan abiertos al público y en funcionamiento sus actividades, como así también para que se lleven a cabo las tareas de mantenimiento, conservación, preservación del edificio y de limpieza diaria con el personal capacitado y resguardando a los trabajadores; al mismo tiempo que se preserven los acervos y archivos que se han generado a la fecha y que se continúen llevando adelante las tareas de investigación y coordinación pedagógicas .
En resumen es de considerar el estado se situación para observar y garantizar los DDHH. Es necesario un compromiso social sobre nuestra historia y sobre las garantías jurídicas de nuestro país.