La Ley de Educación Superior, promulgada en 1995 a la sombra de políticas educativas neoliberales, logró importantes reformas de la mano de gobiernos progresistas que le permitieron avanzar en temas tan esenciales como la gratuidad, la responsabilidad principal e indelegable del Estado, el control financiero de la Auditoria General de la Nación, la eliminación de la posibilidad de lucro y mercantilización de los estudios superiores. El gobierno de Alberto Fernandez anunció en marzo el interés de una nueva reforma a la Ley. No hay dudas sobre la necesidad de reorientar el rumbo perdido por el impacto de las medidas impuestas en el área educativa durante el período macrista.Para conocer y analizar los alcances de la reforma hablamos con la Diputada Blanca Osuna, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación.