Por Karen De Francesco

Desregulación de las tarifas y transferencia de recursos.

Tal y como señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus informes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el acceso a una energía asequible y no contaminante constituye una meta indeclinable para la humanidad, un eje medular para la sostenibilidad del planeta, una necesidad básica que el principio de realidad del más despiadado y perverso Occidente ni se atrevería a negarle a la población de las periferias. Energía asequible, accesible, factible: un derecho inalienable que, sin embargo, en la Argentina del shock (Klein, 2014) y el canibalismo (Fraser, 2023) está a punto de convertirse en un privilegio de muy pocos.A horas del primer paro nacional contra el despotismo libertario y en pleno período de audiencias públicas sobre la desregulación de tarifas de energía, observamos que estas solo se han convertido en un signo de la ausencia de su función original. No obstante, insistimos con la descomunal transferencia de recursos de los sectores más vulnerados y las clases medias al ápice más privilegiado y concentrado de la sociedad.
Este año solo quedan vestigios deslucidos de aquel 4 de diciembre de 2003, en el que salió publicado el decreto firmado por Néstor Kirchner para garantizar el acceso a la información pública y el derecho de la ciudadanía a participar de las decisiones que toman los organismos, las empresas, las entidades y las dependencias del Poder Ejecutivo de la nación. Hoy, a 20 años de aquel decreto que hizo honor a la democracia y abrió las puertas a la participación y el debate, atravesamos un proceso que intenta avasallar derechos. Y las audiencias públicas no son la excepción.
Desde la vulneración de los principios de igualdad, gratuidad, oralidad, informalidad y transparencia para que la ciudadanía y sus representantes se expresen libremente hasta la falta de pericia e información ante un fenómeno tan sensible como el derecho al gas y la electricidad, la desregulación de las tarifas es otro de los cimientos del bienestar del pueblo que se ve fagocitado por las fauces del capitalismo más putrefacto.
Indudablemente, constituye un atentado del Gobierno nacional contra las personas, la biodiversidad y nuestra tierra. Es un ataque feroz contra la vida, un intento voraz de usurpación de lo argentino a las argentinas y los argentinos, para poder entregarlo como ofrenda a las corporaciones que comercializarán anárquicamente nuestros recursos y, por supuesto, ofrecerlo como banquete gourmet para quienes tienen dolarizados sus ingresos.

Las políticas energéticas deben aseguran el acceso a un derecho universal y poner en marcha mecanismos para garantizar que el pueblo pueda acceder a una canasta de servicios de calidad y afrontarla con sus ingresos reales. Sin embargo, es alarmante observar que, tanto en el DNU como en el capítulo IX destinado a energía de la Ley Ómnibus, la emergencia energética solo otorga herramientas para quitar subsidios y producir un aumento colosal sobre las tarifas. De esta manera, quedan desamparados las jubiladas y los jubilados, y las familias de bajos ingresos, quienes terminan financiando a las corporaciones para que sigan multiplicando sus ganancias.
Sumada a esta desregulación, el pueblo argentino está padeciendo una desvirtuación alarmante de la estructura de costos de gas, petróleo y de todos los recursos de nuestro subsuelo. Esto significa que pagamos los servicios de energía según la cotización de commodities internacionales en dólares cuando, en realidad, deberíamos abonarlos según los valores internos.
Este desfasaje se ve exacerbado por un decreto y una ley que corren de la escena al Estado y abandonan a las familias argentinas a una situación de sufrimiento por no poder cubrir sus necesidades más esenciales. Aún las naciones acérrimas defensoras del libre mercado buscan asegurarle a la población el acceso a los servicios públicos mientras salvaguardan sus recursos naturales y la industria nacional, incentivando –y no destruyendo– sus pymes, comercios y emprendedores para que la matriz productiva se fortalezca en un círculo virtuoso de desarrollo económico y ecosocial.
Ante el impulso inherente de un anarcocapitalismo que busca expropiar al pueblo argentino, vulnerar todos sus derechos y violentar su tierra con el extractivismo más predatorio, la formidable transferencia de recursos y el consecuente saqueo del poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores a través de la desregulación tarifaria son un elemento más de tortura que este régimen se ha dispuesto a desplegar.
En su texto sobre la doctrina del shock y el auge del capitalismo del desastre, Nancy Fraser sostiene que no hay ninguna forma humanitaria de gobernar contra la voluntad del pueblo. Esta vez, en cambio, la voluntad se ha dado. Y puede entenderse ante la imposibilidad de una experiencia verdaderamente popular y transformadora como sí se logró protagonizar en el pasado. Quizá el dolor sea tan fuerte que, en muchos casos, el adormecimiento resulta ser la mejor respuesta.
Ahora bien, aunque –según Fraser– el sadismo capitalista apunta al dolor preciso en el punto preciso y en la cantidad precisa para dominar, ella misma se pregunta si es posible frenar la voracidad de la bestia. Ante este interrogante, la injusticia energética y el ataque al bienestar de las argentinas y los argentinos son más que un motivo válido para la resistencia y la acción pacífica y democrática del pueblo a manifestarse y defenderse. Dentro de unas horas, el centro porteño nos ofrece una oportunidad de oro para levantarnos y empezar a marchar.

Referencias bibliográficas:

-Fraser, N. (2023). Capitalismo caníbal. Qué hacer con este sistema que devora la democracia y el planeta, y hasta pone en peligro su propia existencia. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

-Klein, N. (2014). La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre. Grupo Planeta Spain.