Por Federico Rodríguez

Reparar y seguir usando nuestros aparatos puede conservar recursos, conocimientos y trabajo. En Argentina y Sudamérica, esa elección forma parte de una discusión más amplia: quién decide qué tecnología necesitamos y a qué proyecto de sociedad debe servir. Una computadora tarda en arrancar. Un lavarropas pierde agua. Un teléfono deja de recibir actualizaciones. Frente a problemas diferentes, la respuesta comercial suele ser parecida: comprar otro. Sin embargo, una pieza, una reparación o una modificación pueden devolverles utilidad. Incluso hay aparatos que siguen funcionando y cuyo principal inconveniente es haber quedado fuera del calendario de novedades.
Lo viejo funciona. Y cuando deja de funcionar, muchas veces puede recuperarse. Reconocerlo permite cuestionar una costumbre: aceptar que la decisión de reemplazar nuestras herramientas dependa de quien necesita vender las próximas.
Esta discusión tiene un antecedente argentino. En 1986, Edgardo A. Galli publicó “Tecnología conveniente” en el número 69 de la revista Realidad Económica, del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Es un antecedente documentado de un concepto que permite evaluar la tecnología desde sus consecuencias sociales y políticas.
(Fuente: catálogo del IADE).
En un trabajo publicado en 1993, Galli explicó que una tecnología conveniente podía tener cualquier complejidad y escala, producirse en el país o adquirirse en el exterior. Su elección debía realizarse con soberanía y contribuir al modelo político elegido por el pueblo. La tecnología quedaba así vinculada con una decisión colectiva sobre el desarrollo.
(Fuente: Conocimiento tecnológico, educación y tecnología, página 22)
La conveniencia, en este sentido, depende del proyecto de sociedad al que una tecnología sirve: qué necesidades resuelve, quién controla su funcionamiento, qué capacidades desarrolla y cómo distribuye sus beneficios y costos. En su formulación contemporánea, la Tecnología Conveniente también destaca la capacidad de discernir qué innovaciones favorecen la calidad de vida y el cuidado del planeta.
(Fuente: Misión Tecnología Conveniente).
Desde ese marco, defender la reparación es una aplicación del concepto. Conservar un aparato puede resultar conveniente porque evita gastos, aprovecha materiales y sostiene conocimientos locales. Una tecnología nueva también puede ser conveniente cuando aporta mejoras necesarias. Lo que debe justificarse es el reemplazo: la novedad, por sí sola, no demuestra un beneficio social.
La obsolescencia programada enfrenta directamente esa capacidad de elección. Al limitar deliberadamente la vida de un producto para favorecer su reemplazo, vuelve a convertir una necesidad resuelta en una obligación de compra. El usuario pierde continuidad; el vendedor obtiene otra oportunidad comercial.
No toda avería ni toda incompatibilidad demuestra una intención planificada. Pero el descarte prematuro también puede ser consecuencia de repuestos inaccesibles, diseños difíciles de desmontar, pérdida de soporte o servicios externos que dejan de funcionar. Un aparato puede conservar su capacidad material y volverse inutilizable porque desaparecieron las condiciones para aprovecharla.
 Una política favorable a la reparación debería intervenir sobre esas condiciones. Mantener, diagnosticar, reparar y adaptar tendrían que ser posibilidades reales antes de comprar. Eso requiere piezas, documentación, herramientas y libertad para recurrir a distintos servicios técnicos.
En Sudamérica, esa autonomía tiene un valor económico concreto. Reemplazar una computadora, una heladera o una máquina de trabajo puede exigir un esfuerzo considerable a una familia o una pequeña empresa. Una reparación satisfactoria libera recursos para otros usos y puede remunerar trabajo de la comunidad.
También reduce la presión del descarte. En 2022 se generaron 62 millones de toneladas de residuos electrónicos en el mundo; apenas el 22,3 % quedó registrado como recolectado y reciclado adecuadamente. Mantener un equipo permite aprovechar sus componentes y el trabajo invertido en fabricarlo antes de recurrir a la recuperación de materiales.
(Fuente: UIT y UNITAR, Global E-waste Monitor 2024).
La reparación puede complementarse con el hackeo, entendido como explorar, comprender y modificar nuestros propios dispositivos. Instalar un sistema compatible que siga recibiendo mantenimiento, ampliar componentes o adaptar una máquina a otra tarea permite extender su uso más allá del plazo previsto por el fabricante.
Ese trabajo exige conocimiento y criterio. Un sistema sin protección puede ser inadecuado para manejar información sensible; una falla eléctrica requiere una intervención segura. Aprender a conservar también implica reconocer cuándo una recuperación es viable y cuándo corresponde reemplazar. La duración tiene valor cuando sostiene una utilidad real en condiciones aceptables.
Pero hacer durar los productos plantea una contradicción económica que debe abordarse: fabricar y vender aparatos nuevos sostiene empleos, inversiones y proveedores. Si disminuye la frecuencia de reemplazo, pueden caer las ventas y quedar capacidad industrial sin utilizar. Los trabajadores afectados necesitan formar parte de cualquier propuesta de transformación.
Al mismo tiempo, sostener la producción mediante reemplazos evitables impone costos a quienes compran. Una falla puede generar una venta mientras destruye valor para una familia. La actividad económica que produce una avería no basta para justificarla como socialmente conveniente.
La reparación también demanda industria. Para conservar un lavarropas hacen falta bombas, juntas, rodamientos y herramientas. Recuperar un motor puede requerir mecanizado, bobinado y ensayos. Modernizar una máquina puede necesitar controles y software. La maquinaria industrial puede trabajar para prolongar la utilidad de los bienes existentes.
En Argentina, esa demanda podría sostener fabricantes de repuestos, talleres especializados y empresas de remanufactura: establecimientos que recuperan equipos usados y verifican su funcionamiento bajo criterios de calidad. La CEPAL identifica estas actividades como posibles vías de diversificación productiva y reindustrialización. Su desarrollo depende de inversiones, capacidades y mercados.
(Fuente: CEPAL.)
El balance cambia según el producto. Reparar localmente un aparato importado puede retener una mayor parte del gasto en trabajo nacional y reducir importaciones, descontando las piezas que deban adquirirse afuera. Cuando el equipo se fabrica en Argentina, también deben considerarse las ventas que perderían la fábrica y sus proveedores. La transición requiere estudiar cada cadena productiva.
Para impulsar capacidades nacionales hacen falta escala, financiamiento, calidad y acceso a información técnica. Una multiplicidad de piezas incompatibles puede volver inviable su fabricación. En Argentina, el artículo 12 de la Ley de Defensa del Consumidor establece la obligación de asegurar servicio técnico y suministro de partes y repuestos para los bienes alcanzados. Hacer efectiva esa posibilidad constituye una base para ampliar la reparación.
(Fuente: Ley 24.240.)
También pueden beneficiarse las empresas que mantienen sus propias máquinas. Evitar un reemplazo costoso podría permitirles invertir en capacitación o ampliar otras capacidades. Pero conservar equipamiento inseguro o demasiado ineficiente puede perjudicar su productividad. La conveniencia exige evaluar costos, consumo, funcionamiento y condiciones de trabajo.
Toda esta actividad depende de saberes que necesitan espacios donde aprenderse. Una sociedad que pretende conservar autonomía tecnológica debe sostener escuelas técnicas, centros de formación profesional y talleres equipados. Cuando esa oferta es insuficiente o inaccesible, se limita la capacidad de comprender y mantener el entorno material.
La discusión alcanza a los bachilleratos y a las orientaciones secundarias con escasas experiencias prácticas. Atribuir a su expansión un desplazamiento general de las escuelas técnicas argentinas requeriría evidencia histórica y territorial. Sí corresponde cuestionar una formación que privilegia la exposición de contenidos y deja poco lugar para construir, mantener, diagnosticar y reparar.
Esa distancia se vuelve visible cuando una persona termina sus estudios sin haber aprendido cómo mantener un hogar, cambiar una lamparita con las precauciones necesarias o reemplazar el cuerito de una canilla. Son ejemplos sencillos de conocimientos que afectan el presupuesto, la seguridad y la autonomía cotidiana.
La práctica puede convivir con la formación científica y humanística. Medir, interpretar un esquema y comprobar una hipótesis sobre una falla son formas de razonamiento. El taller permite relacionar explicaciones con resultados, trabajar con otros y aprender de errores bajo supervisión. Ofrecer esa experiencia exige docentes, instalaciones, materiales y tiempo; no corresponde responsabilizar a los estudiantes por lo que nunca tuvieron oportunidad de aprender.
Recuperar esos saberes puede ampliar las posibilidades laborales, aunque no garantiza empleo. Una escuela forma capacidades; no crea por sí sola clientes, inversiones ni salarios. La reparación puede generar puestos mientras otros disminuyen en la fabricación de reemplazos. Y un oficio que exige conocimientos complejos puede seguir estando mal remunerado.
La OIT advierte sobre problemas de informalidad y calidad laboral en el empleo vinculado al comercio circular. Su valor ambiental no asegura protección social ni condiciones dignas. Una política de tecnología conveniente debe evaluar también esos resultados.
(Fuente: OIT, 2026.)
La inteligencia artificial introduce otra dimensión. Puede asistir en la búsqueda de documentación y en el diagnóstico, con respuestas que requieren verificación. Reparar físicamente una instalación exige además manipular herramientas y adaptarse a condiciones concretas. Esa diversidad permite pensar que algunos oficios presentan obstáculos para su automatización completa, aunque no los vuelve inmunes.
Tampoco todas las tareas técnicas tienen la misma exposición. Parte de la programación, el diseño y la documentación puede automatizarse. La OIT analiza estos cambios por tareas y considera que, con la IA generativa actual, la transformación de los empleos es más probable que su sustitución completa. Se trata de una evaluación de exposición potencial, no de una garantía individual.
(Fuente: OIT, 2025.)
Si un técnico asistido por IA puede resolver más casos, podrían abaratarse las reparaciones y recuperarse equipos que antes resultaban demasiado costosos de arreglar. Si la demanda permanece igual, también podría necesitarse menos personal. La productividad adicional puede convertirse en mejores ingresos, menos horas, más servicios o reducción de puestos. Su distribución depende de decisiones empresariales, negociación laboral y políticas públicas.
El concepto de tecnología conveniente permite discutir precisamente esas decisiones. Proteger el trabajo digno es un objetivo que debe orientar el desarrollo, y cuyo cumplimiento debe comprobarse. La formación técnica, una política industrial de reparación y la protección laboral pueden complementarse para acercarnos a él.
“Lo viejo funciona” expresa una posición frente al reemplazo innecesario: lo que ya tenemos merece ser evaluado, cuidado y recuperado antes de descartarse. Conservar una máquina útil y desarrollar una tecnología nueva pueden formar parte del mismo proyecto cuando fortalecen capacidades y atienden necesidades colectivas.
La soberanía tecnológica también se ejerce al decidir qué seguimos usando. Para ejercerla hacen falta personas que sepan abrir, observar, medir, reparar y crear, y condiciones que permitan convertir esos conocimientos en bienestar. Antes de financiar otra compra, podemos invertir en las capacidades que la vuelven innecesaria.