Por Adriana Fernandez Vecchi

HAY UN FUSILADO QUE VIVE

A setenta años de los fusilamientos clandestinos de José León Suárez, ocurridos la noche del 9 de junio de 1956, la historia volvió a pronunciar una sentencia largamente esperada.
El 22 de junio de 2026, setenta años después de los hechos, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, declaró que los fusilamientos de José León Suárez constituyeron delitos de lesa humanidad. La sentencia atribuyó responsabilidad histórica a Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Francisco Rojas, Desiderio Fernández Suárez y Rodolfo Rodríguez Moreno, estableciendo que fueron responsables de cinco homicidios agravados y siete tentativas de homicidio, delitos que habrían merecido prisión perpetua de encontrarse vivos. Los acribillados del basural, fueron: Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Mario Brión y Vicente Rodríguez.
La reciente decisión judicial que reconoció aquellos crímenes como delitos de lesa humanidad constituye mucho más que una resolución jurídica: representa la reafirmación de una verdad construida durante décadas por sobrevivientes, familiares, periodistas, organismos de derechos humanos y militantes de la memoria.
A fines de 1956, Rodolfo Walsh escuchó decir: “Hay un fusilado que vive”. Aquella revelación, desencadenó una de las investigaciones periodísticas más importantes de la historia nacional. La existencia de sobrevivientes demostraba que la versión oficial era falsa y que detrás de los fusilamientos se ocultaba un crimen de Estado. A partir de ese momento, Walsh inició una investigación que contó con la participación decisiva de Enriqueta Muñiz, quien colaboró en la búsqueda de testimonios, el seguimiento de pistas y la reconstrucción de los hechos.
La importancia de los sobrevivientes como portadores de verdad encuentra un profundo paralelismo con lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983). También allí fueron los testimonios de quienes lograron sobrevivir a los centros clandestinos de detención los que permitieron revelar el funcionamiento del terrorismo de Estado. Los sobrevivientes rompieron el silencio impuesto por los perpetradores y aportaron pruebas fundamentales para las investigaciones de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. para el Juicio a las Juntas de 1985 y para los posteriores procesos judiciales por delitos de lesa humanidad. Del mismo modo que en 1956 un sobreviviente abrió el camino hacia Operación Masacre, décadas más tarde miles de sobrevivientes contribuyeron a construir el proceso argentino de Memoria, Verdad y Justicia.
Durante muchos años, el reconocimiento público se concentró en Walsh y en su extraordinaria obra Operación Masacre (1957).
La publicación póstuma de Historia de una investigación permitió recuperar la dimensión de una tarea compartida. Enriqueta Muñiz no fue una simple colaboradora de Rodolfo Walsh; fue una investigadora comprometida que participó activamente en la construcción de la verdad histórica. Sus escritos revelan las dificultades, los riesgos y las convicciones de quienes decidieron enfrentar la censura y la impunidad.
Enriqueta fue una de las tejedoras de esa trama de memoria que permitió preservar los testimonios de quienes sobrevivieron a la violencia estatal desplegada bajo el gobierno de facto encabezado por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas. En la ejecución de los fusilamientos tuvo un papel central la Policía de la Provincia de Buenos Aires bajo el mando del teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, responsable operativo de la represión ilegal.
La reciente calificación judicial de aquellos hechos como delitos de lesa humanidad debe leerse en el marco de una larga lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en la Argentina. Desde el retorno democrático en 1983, pasando por el Juicio a las Juntas de 1985, las resistencias a las leyes de impunidad y la reapertura de los procesos judiciales a partir de 2003, el camino que atraviesa intentos de negación, campañas de desprestigio, controversias políticas y diversas formas de lawfare dirigidas a debilitar las políticas de derechos humanos.
Sin embargo, a pesar de los vientos en contra, los juicios continúan. Como una metáfora persistente de la historia argentina, el viento siguió soplando en dirección a la verdad. Cada sobreviviente que habló, cada documento recuperado y cada sentencia pronunciada reafirmaron que los crímenes estatales no pueden quedar amparados por el olvido.
La decisión judicial conocida en 2026 confirma precisamente esa persistencia. Setenta años después de los hechos y casi siete décadas después de la publicación de Operación Masacre, la justicia reconoció aquello que Walsh, Muñiz y los sobrevivientes habían denunciado desde el comienzo.
La historia, efectivamente, terminó juzgando. Y en ese juicio, tanto jurídico como ético, también encuentra reconocimiento Enriqueta Muñiz. Su labor silenciosa demuestra que la memoria es una construcción colectiva y que la voz de los sobrevivientes posee una fuerza capaz de atravesar generaciones. Porque frente a la impunidad, el viento de la memoria sigue soplando, y la historia, tarde o temprano, siempre termina juzgando. 1(1)
Cuando esas voces por el tiempo queden sonando sin cuerpo, solo queda la esperanza que la cultura joven recicle la palabra para que la noche del olvido no borre la luz de la Tierra.

(1) Dedicado a Milagros Sala y Cristina Fernandez de Kirschner (presas políticas)