Por Adriana Fernandez Vecchi
La historia de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) está profundamente vinculada al proyecto de país soberano que la Argentina buscó construir desde comienzos del siglo XX. Fundada en 1922, fue la primera empresa estatal de petróleo integrada verticalmente en el mundo, un símbolo de autonomía energética y control estatal sobre los recursos estratégicos. La existencia de YPF permitió durante décadas abastecer al país, fomentar el desarrollo industrial y garantizar cierta independencia frente a los vaivenes del mercado internacional.Sin embargo, esta orientación cambió radicalmente con las reformas neoliberales de los años noventa. Como analiza Alejandro Recovih, la privatización de YPF no puede leerse únicamente en clave económica: fue, ante todo, un acto de desposesión, en el cual los intereses extranjeros pasaron a controlar un sector vital para el desarrollo nacional. En 1999, la petrolera española Repsol adquirió la mayoría accionaria de YPF. Durante su gestión, Repsol priorizó la maximización de ganancias mediante el vaciamiento de activos, el reparto de utilidades y la reducción de inversiones en exploración y desarrollo, lo que condujo a una fuerte caída en la producción y una creciente dependencia energética.
La reestatización parcial de YPF en 2012, mediante la expropiación del 51% de las acciones, fue un intento de recuperar el control de un recurso estratégico. Además fue un hecho aceptado con el aval del Congreso Sin embargo, esta medida generó un conflicto internacional con Repsol que derivó en un acuerdo de compensación. Aprovechando la situación jurídicas y financieras, iniciaron reclamos Burford Capital. Este fondo buitre compró derechos litigiosos a accionistas minoritarios y llevó a la Argentina ante tribunales de Nueva York, argumentando supuestas irregularidades en el proceso de nacionalización.
En este marco, la jueza neoyorquina Loretta Preska falló contra Argentina, estableciendo una indemnización potencial de más de 16.000 millones de dólares. Esta decisión, basada en criterios de jurisdicción extranjera y en la lógica especulativa de los mercados financieros, constituye una amenaza directa a la soberanía nacional. Lo que está en juego no es sólo una cuestión económica, sino la capacidad del Estado argentino para tomar decisiones sobre sus recursos sin ser condicionado por actores externos.
Como advierte Alejandro Bercovich, el verdadero botín en disputa no es sólo YPF, sino el acceso privilegiado a Vaca Muerta, una de las mayores reservas de gas y petróleo no convencional del planeta. La presión judicial y financiera internacional se inscribe en un interés geopolítico más amplio: controlar la energía del futuro desde afuera, debilitando cualquier intento argentino de ejercer soberanía plena sobre sus riquezas estratégicas.
El caso YPF revela una verdad profunda: sin soberanía energética, no hay desarrollo autónomo posible. Leamos con atención nuestro futuro en Vaca Muerta.