Por Adriana Fernandez Vecchi

La creciente disputa por la soberanía sobre la tierra constituye uno de los principales desafíos políticos, ambientales y éticos de la Argentina en este momento. En un contexto caracterizado por la expansión del capital financiero transnacional, la intensificación del extractivismo y la mercantilización de los bienes comunes, la tierra deja de ser concebida como el soporte material de la vida para convertirse en un activo estratégico destinado a la acumulación económica. Este proceso se manifiesta en la creciente venta de extensas superficies territoriales a capitales extranjeros, en la expansión de actividades extractivas sobre ecosistemas estratégicos y en proyectos legislativos que promueven una interpretación cada vez más amplia de la inviolabilidad de la propiedad privada. Lejos de constituir fenómenos aislados, estas transformaciones expresan una profunda reconfiguración de las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad, cuyas consecuencias comprometen la soberanía nacional, la protección de los bienes comunes y el ejercicio efectivo de los derechos humanos.Desde la perspectiva de Mark Fisher, desarrollada en Realismo capitalista (2009), el capitalismo contemporáneo no solo organiza la economía, sino que produce una racionalidad cultural capaz de presentar sus propias formas de organización como las únicas posibles. El denominado “realismo capitalista” instala la convicción de que la expansión del mercado, la privatización de los recursos y la subordinación de las decisiones públicas a los intereses económicos constituyen procesos inevitables. De este modo, decisiones profundamente políticas aparecen como simples exigencias técnicas del desarrollo o de la seguridad jurídica. Esta clausura de la imaginación política dificulta la construcción de alternativas capaces de priorizar la protección de los bienes comunes, la sustentabilidad ambiental y el interés colectivo por sobre la rentabilidad del capital.
Esta lógica adquiere una dimensión aún más profunda cuando se analiza desde la perspectiva de María Lugones, quien demuestra que la colonialidad no constituye un fenómeno concluido con la independencia política de los Estados latinoamericanos, sino una estructura de poder que continúa organizando las relaciones económicas, sociales y culturales. El sistema moderno/colonial descrito por Lugones articula la apropiación de los territorios, la explotación de la naturaleza y la subordinación de determinados cuerpos mediante una misma racionalidad jerárquica heredada del colonialismo. Desde esta perspectiva, el extractivismo no representa únicamente un modelo económico orientado a la explotación intensiva de recursos naturales, sino una forma contemporánea de reproducción de la colonialidad que convierte territorios, ecosistemas y comunidades en objetos disponibles para la acumulación del capital global. La tierra deja de ser concebida como espacio de reproducción de la vida y de las relaciones comunitarias para transformarse en una mercancía susceptible de apropiación, explotación y valorización financiera.
Esta interpretación encuentra un sólido respaldo en los análisis de Maristella Svampa, quien caracteriza el presente latinoamericano como la consolidación del denominado Consenso de los Commodities, un patrón de desarrollo basado en la expansión de actividades extractivas destinadas a la exportación de materias primas. Según Svampa, el neoextractivismo excede el ámbito económico para constituirse en una nueva racionalidad política que reorganiza las prioridades estatales en función de la inserción subordinada de los países periféricos en el mercado global. Bajo esta lógica, la minería a gran escala, el agronegocio, la explotación hidrocarburífera, la expansión forestal y los grandes emprendimientos inmobiliarios avanzan sobre territorios considerados estratégicos por su riqueza mineral, su biodiversidad y, especialmente, por la disponibilidad de agua y del litio. La venta de tierras a actores extranjeros y la flexibilización de los marcos regulatorios forman parte de este mismo proceso de acumulación por desposesión, que profundiza la concentración de la riqueza y multiplica los conflictos socioambientales.
En este escenario, el debate en torno a los proyectos legislativos que buscan reforzar el Principio De Inviolabilidad De La Propiedad Privada adquiere una relevancia que trasciende el plano estrictamente jurídico. La propiedad constituye un derecho constitucionalmente reconocido, pero también posee una función social que debe armonizarse con otros derechos fundamentales, entre ellos el derecho a un ambiente sano, el acceso al agua, la preservación de los ecosistemas y la soberanía sobre los recursos naturales. Una interpretación absoluta de la inviolabilidad de la propiedad puede limitar significativamente la capacidad del Estado para regular actividades extractivas, establecer restricciones ambientales o intervenir cuando el interés colectivo resulta comprometido. En ese sentido, la protección irrestricta de la propiedad privada corre el riesgo de convertirse en un mecanismo jurídico que consolide la apropiación privada de bienes estratégicos cuya preservación resulta indispensable para la vida.
El agua constituye quizás el ejemplo más evidente de esta problemática. En un contexto de crisis climática, contaminación creciente y aumento de la demanda mundial, el agua dulce se ha convertido en uno de los recursos geopolíticos más relevantes del siglo XXI. La concentración de tierras que contienen glaciares, acuíferos, humedales, nacientes y cuencas hidrográficas no representa únicamente una cuestión patrimonial, sino una disputa por el control de un bien indispensable para la supervivencia humana y de los ecosistemas y el aprovechamiento de sistemas productivos de IA. La expansión del extractivismo intensifica esta situación mediante actividades que consumen grandes volúmenes de agua, alteran los ciclos hidrológicos y generan procesos de contaminación con consecuencias muchas veces irreversibles para las poblaciones locales. Desde esta perspectiva, el agua no puede ser concebida exclusivamente como un recurso económico sujeto a las reglas del mercado, sino como un bien común cuyo acceso constituye un derecho humano fundamental y cuya protección exige políticas públicas orientadas por el principio de justicia ambiental.
Las reflexiones de Fisher, Lugones y Svampa convergen en señalar que la actual disputa por la tierra y los recursos naturales no responde únicamente a intereses económicos, sino que expresa un conflicto político y ético sobre el sentido mismo del desarrollo y la sustentibilidad de la soberania. Mientras el realismo capitalista naturaliza la mercantilización de la naturaleza, la colonialidad reproduce formas históricas de dominación territorial y el neoextractivismo profundiza la dependencia de economías basadas en la explotación intensiva de bienes comunes, se debilitan simultáneamente las capacidades estatales para ejercer una soberanía efectiva sobre los recursos estratégicos. La extranjerización de la tierra, la expansión de proyectos extractivos y la consolidación de marcos normativos favorables a la acumulación privada configuran un escenario en el que la defensa del interés público aparece crecientemente subordinada a las exigencias del mercado global.
Frente a este panorama, la recuperación de la soberanía territorial exige trascender una concepción puramente patrimonial de la propiedad para reconocer que la tierra, el agua, la biodiversidad y los ecosistemas constituyen bienes comunes indispensables para la reproducción de la vida. Defender estos recursos implica fortalecer la capacidad regulatoria del Estado, garantizar la participación democrática de las comunidades afectadas y promover un modelo de desarrollo compatible con la justicia social, la sustentabilidad ambiental y los derechos humanos. La discusión sobre la soberanía de la tierra no puede desvincularse de la defensa de los bienes comunes ni del reconocimiento de que el agua, los territorios y la naturaleza no son simples mercancías, sino condiciones materiales esenciales para la vida colectiva. En consecuencia, cuestionar la naturalización del extractivismo y de la mercantilización de la naturaleza constituye hoy una tarea indispensable para reconstruir horizontes políticos alternativos que restituyan a la sociedad la capacidad de decidir soberanamente sobre su territorio, sus recursos estratégicos y su futuro.