Por Daniel do Campo Spada
(TV Mundus-CEDIAL)
En pocos días el tablero político se movió anunciando el derrumbe. José López Rega renunció y se fue con un falso cargo plenipotenciario al exterior (con destino desconocido). Su yerno Raúl Lastiri renunció a la Presidencia de la Cámara de Diputados y a Italo Luder lo nombraron como Presidente del Senado. El peronismo clásico recuperaba el control de la línea sucesoria para el Poder Ejecutivo Nacional. A la brevedad Martínez pidió un período de descanso al que se fue acompañada por las esposas de los tres jefes de las fuerzas militares. Los golpistas la estaban aislando y cercando. Su poder político se había vuelto nimio. Peleada con los sindicatos, con la juventud y en plena crisis económica no tenía mucho resto. El 23 de marzo de 1976 los militares y los empresarios ya habían decidido interrumpir la democracia, que aunque débil era mejor que una dictadura. La Iglesia Católica Romana lo único que pidió es por la integridad de María Estela Martínez, pero no más de eso. Cuando la mandataria terminó su jornada subió al helicóptero para llegar a Olivos, pero en el aire le inventaron que debían bajar en Aeroparque por un desperfecto técnico. Una vez allí le comunicaron que estaba detenida. Al sacarla de la Casa Rosada evitaron un forcejeo físico porque la viuda de Perón no estaba dispuesta a renunciar. Los militares tomaron el control de la Casa de Gobierno y empezaron la ocupación del Congreso, los Tribunales y las estaciones de Radio y Televisión que eran casi todas del Estado.
En forma inmediata y solo con la ropa que tenía puesta la llevaron en un avión a la Provincia de Neuquén, alojándola en la mansión El Messidor, con vista al Lago Nahuel Huapi, en un paisaje idílico pero aislado y de propiedad provincial. Los militares querían evitar que los ciudadanos supieran donde estaba para evitar alguna imprevista manifestación de apoyo. La custodia quedó en manos de la Caballería de San Martín de los Andes pero luego la tomó la Gendarmería, para lo que llevaron efectivos que no fueran de la zona. Monseñor Tórtolo, Obispo de Paraná y Capellán castrense la visitó a los pocos días por pedido de Monseñor Pio Laghi, amigo personal de ella. El 30 de junio fue trasladada a la Base Naval de Azul en la Provincia de Buenos Aires de la Armada que conducía el Almirante Emilio Eduardo Massera, quien en algún momento antes y después de la dictadura coqueteó con sectores políticos para lanzarse como líder de algún sector.
No era Perón y se notaba. A punto tal que cuando la dictadura le inventó una causa por el tema de los cheques solidarios que dio el Poder Ejecutivo en su gestión, nadie quería tomar su defensa. En junio de 1976, a meses de haber sido derrocada por el Golpe empresario militar con el apoyo de la jerarquía de la Iglesia Católica Romana (ICAR) abogados cercanos al propio Perón no querían tomar su defensa. Isidoro Ventura y Mayoral, que alardeaba dar la vida por el General, rechazó el pedido de ella para que la representara. Quien se había ofrecido fue el Dr. Julio Antún, ex candidato a Gobernador peronista en la polémica provincia de Córdoba. El juez Nino Tulio García Moritán se acercó a El Messidor, donde estuvo detenida y aislada por los militares, pero la ex mandataria se negó a declarar .
Como dijimos algunos párrafos antes, el Operativo Independencia fue un campo de entrenamiento que los militares y la oligarquía empresaria habían utilizado para perfilar algo más que un tradicional Golpe de Estado. Querían terminar con una Argentina que de una u otra forma estaba cercana a ideales de justicia y progreso social. Desde ese momento, en un clima caótico (por enfrentamiento incluso entre la derecha y la izquierda peronista) el quiebre democrático era un secreto a voces. El diario La Razón, ligado al Ejército, se convirtió en un vocero no oficial de los golpistas, como confirma Osvaldo Papaleo .
La detención de cientos de funcionarios (incluyendo Ministros activos y ex), militantes y dirigentes sociales en pocas horas y en apenas días demostró que el plan se estaba articulando desde hacía rato. Todos los que figuraban en el Acta de Responsabilidad Institucional que utilizó la dictadura para institucionalizar la toma del poder fueron detenidos y sus bienes congelados. Las fronteras fueron notificadas y en su funcionamiento mínimo los primeros días buscaban impedir que nadie de los nominados saliera.
Comenzaba de esa forma el Proceso de Reorganización Nacional controlado por las Fuerzas Armadas y los grandes holdings empresarios con la bendición de la ICAR (vaticanos), responsables del mayor genocidio que la Argentina iba a vivir después casi un siglo del exterminio de los pueblos originarios patagónicos en la mal llamada conquista del “desierto”.
(El texto está extraído de la investigación que el Departamento Historia del Centro de Investigación Académica Latinoamericano – CEDIAL – está publicando con la Historia General del Peronismo).