Por Ángel Saldomando
(Desde Chile para CEDIAL)

La convención constituyente que deberá redactar una nueva constitución se instaló el domingo 4 de julio en Santiago. El edificio que fuera sede del congreso hasta 1973 le sirve de residencia institucional. En esa fecha el golpe cívico militar, encabezado por Pinochet, instauró una dictadura por 17 años que dejó instalada la constitución que ahora se trata de modificar y que habrá perdurado 41 años, como una apretada camisa de fuerza sobre la sociedad chilena. Como era de esperar la instalación estuvo cargada de simbolismos y de tensiones, cuando se intentó iniciar la ceremonia al mismo tiempo que la policía reprimía a los manifestantes que acompañaban en el exterior. Lo que generó protestas, demoras y discusiones airadas que la secretaria del servicio electoral, venida para investir legalmente a los 155 constituyentes, logró canalizar convirtiéndose en una inesperada y luego aplaudida protagonista. Luego de diversas transacciones y tres rondas de votos finalmente fue electa Elisa Loncón como presidenta de la convención, todo un símbolo por ser mujer, académica y mapuche. En la vicepresidencia quedó Jaime Bassa, abogado constitucionalista y miembro del frente amplio.
La composición de la constituyente quedó también en evidencia en el primer día. Una mayoría vario pinto de corte progresista, dividida en dos bloques, uno más centrista y moderado y otro, ligeramente mayoritario, más beligerante. La derecha quedó atrincherada con un pequeño grupo de miembros. El día siguiente, de inicio formal de los trabajos fue un desastre, los equipos y salas de reunión no estaban acondicionados, la polémica se disparó y las sospechas de un retardo provocado por el gobierno se manifestaron, exigiendo la renuncia de los enlaces oficiales designados por el ejecutivo. Ahora recién ha comenzado su rutina.
La instalación de la convención no es una cuestión puramente protocolar. Es evidente que se juegan el espacio político que ocupará, su peso sobre el debate nacional y su eventual capacidad de acoger las demandas ciudadanas e integrarlas en la discusión. De hecho, al segundo día estaba previsto una declaración por la libertad de los presos de la revuelta social. El gobierno y los sectores conservadores desean restringirla a su papel de debate y elaboración, dentro de una burbuja aséptica y lo más aislada posible del debate y la movilización social, junto con un cinturón de seguridad policial que se interponga cuando sea necesario. A ello se agregan restricciones pactadas entre los partidos que si bien soltaron lastre con la convocatoria a la constituyente la dejaron dentro de un formato procedimental que permite contener sus pretensiones.
La agenda de la constituyente está en formación, sus expectativas mayoritarias expresan una abigarrada lista de generación de derechos, sociales, indigenistas, ambientales, feministas y territoriales. Todo ello deberá decantarse y tomar forma. Sin embargo, la cuestión del tipo de régimen político, la redistribución del poder institucional y el papel de las fuerzas armadas permanecen en la sombra. Nadie se ha pronunciado sobre esta materia fundamental.
Frente a la instalación de la constituyente se posicionan diferentes actitudes. Una reacción es apática y desconfiada, propia de una sociedad marcada por la anomia, que se expresa en altísimas tasas de abstención electoral. Otra, más motivada, espera que algo bueno salga de una instancia frente a una situación que se reconoce que no puede continuar. También están los cautos que analizan el proceso y ven sus fortalezas y debilidades esperando que haya algo de fuerza social para empujar el proceso. Los círculos insertos en la dinámica de la constituyente son sin duda los más entusiastas, transmitiendo la imagen de una épica refundacional del país por primera vez en su historia con participación social democrática.
Sin duda que esta historia se hará cada día, tanta es la improvisación y la incertidumbre de un proceso salido de la explosión del malestar acumulado y no de una acumulación de fuerzas en el tiempo y de la maduración política de un proyecto social. Hay muchos riesgos, sin duda, pero al menos la situación está más abierta que nunca en los últimos 41 años. Algo es algo. Por otro lado, la constitución tal vez llegue a ser un marco normativo avanzado que posibilite otros procesos que le den contenido, también puede quedar en algo meramente nominal. Muchas brillantes constituciones en América Latina no son más que eso, lo esencial no se produjo: un proyecto político consistente que le de contenido y materialidad. República, democracia, derechos, igualdad, son palabras en el papel si no hay quienes las conviertan en políticas, valores y conquistas reales que se puedan claramente identificar y defender.
Y en esta materia hay países que expresan dramáticamente este desencuentro.
Honduras: Algo de justicia
El asesinato de Bertha Cáceres en Honduras, en marzo de 2016 hizo parte del continuo hostigamiento violento a líderes sociales comprometidos con la defensa ambiental del territorio, en casi todos los países de la región. 88 asesinatos en los últimos cuatro años en América del Sur, 31 en América Central y más de 1.700 agresiones a mujeres ambientalistas han sido registradas por organizaciones de derechos humanos.
Bertha Cáceres fue asesinada por encargo de la empresa hidroeléctrica que buscaba intervenir la zona de la comunidad indígena Lenca. En 2017 la Hidroeléctrica suspendió el proyecto hidroeléctrico. Hace unos días fue condenado el empresario Roberto Castillo ahora exdirector de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima que se había declarado inocente de los cargos en su contra. Fue acusado de ser el autor intelectual y 9 otras personas, entre ellos los sicarios que ejecutaron el crimen.
Haití: Estado de catástrofe
Honduras, Nicaragua y Haití han coincidido en compartir una grave situación estructural que los califica como los tres más pobres de América Latina. Los tres vivieron procesos de reforma económica y política poco exitosos, experimentaron una creciente disociación política, abstencionismo electoral, fragmentación social, emigración, desfalleciente institucionalidad y violencia endémica.
La cooperación internacional había invertido grandes cantidades de fondos y su peso en la sobrevivencia de los países era capital. Haití había caído hasta ser un estado intervenido y Honduras y Nicaragua eran dos pacientes bajo perfusión externa, el suero se componía de cooperación internacional y remesas de los inmigrantes.
En los tres países la catástrofe social ya estaba instalada. Con diferencias de tiempo, naturaleza del fenómeno e intensidad de este, la naturaleza golpeó también a los tres articulando emergencia natural y social. 2010 con la catástrofe sísmica Haití entro en una nueva espiral de descomposición.
En relación a Haití BaKimoon secretario general de la ONU por entonces afirmó “No será suficiente reconstruir el país como estaba, no hay lugar para mejoras superficiales” …/…”se trata de liberar el país de la dependencia y la generosidad mundiales” (Le monde 22/1/2010).
Para Haití en la reunión de Nueva York de marzo 2010, la promesa fue de diez mil millones de dólares de los cuales cinco mil millones estarían disponibles en dieciocho meses. El país se llenó de ayuda y personal externo, pero no cambió nada. Ahora con el asesinato de su último presidente un nuevo límite parece haber sido franqueado.
De los presidentes electos, seis mandatarios han sido derrocados y sólo tres han logrado completar sus mandatos constitucionales. El presidente Moïse asumió la presidencia el 6 de febrero de 2017 y durante este período tuvo que aceptar la dimisión de cuatro primeros ministros o jefes del gobierno, tres de ellos durante 2019. A la inestabilidad de arriba se sumó la de abajo. Los disturbios iniciaron en septiembre del año pasado por el desabastecimiento de combustibles y las alzas de precios, luego las protestas se ampliaron pidiendo la renuncia del mandatario, que buscaba prolongarse en el gobierno. Durante las protestas han fallecido 42 personas, entre éstas 19 a manos de los cuerpos policiales, centenares de heridos y pérdidas millonarias en dólares por los saqueos e incendios de propiedades. Haití sigue en estado de catástrofe.