Por Adriana Fernandez Vecchi

La situación actual del sistema universitario argentino evidencia una creciente conflictividad institucional derivada del incumplimiento de disposiciones legales vinculadas al financiamiento educativo. En este marco, la reciente ratificación judicial de la Ley 27.795 de financiamiento universitario adquiere centralidad como norma que establece obligaciones concretas del Estado en materia presupuestaria. No obstante, la falta de ejecución efectiva de dicha ley ha generado una respuesta colectiva por parte de distintos actores de la comunidad educativa.En particular, las familias autoconvocadas del Colegio Nacional de Buenos Aires, junto con trabajadores docentes, nodocentes y estudiantes, han impulsado acciones de visibilización pública —como jornadas de protesta y clases abiertas en espacios públicos— orientadas a reclamar el cumplimiento de la normativa vigente. Estas prácticas no solo constituyen formas de participación democrática, sino que también se inscriben en una tradición histórica de defensa de la educación pública en Argentina.
El eje de la demanda se articula en torno a la garantía de derechos fundamentales, particularmente el derecho a un salario digno para quienes sostienen el sistema educativo y el derecho a una educación continua, regular y de calidad para les estudiantes. Desde una perspectiva jurídico-política, ambos derechos se encuentran interrelacionados, en tanto la precarización de las condiciones laborales impacta directamente en la efectiva prestación del servicio educativo.
Asimismo, se señala la responsabilidad del Estado nacional en la interrupción de la continuidad pedagógica que afecta a amplios sectores estudiantiles, especialmente en el nivel preuniversitario. La falta de transferencia de recursos y el retraso en el pago de salarios adeudados comprometen el normal funcionamiento de las instituciones, vulnerando no solo derechos individuales sino también el principio de igualdad en el acceso a la educación.
En términos institucionales, esta coyuntura pone en cuestión la capacidad del gobierno para garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos y el cumplimiento de las normas constitucionales. La inobservancia de una ley vigente, ratificada judicialmente, configura un escenario de debilitamiento del Estado de derecho y de erosión de la legitimidad de las políticas públicas en materia educativa.
La relevancia del carácter colectivo que asume la respuesta de la comunidad educativa frente a este escenario. La articulación entre familias, estudiantes, y docentes, no solo fortalece la legitimidad de las demandas, sino que también configura un sujeto político colectivo capaz de interpelar al conjunto de la sociedad. En este sentido, la defensa de la educación pública trasciende los intereses sectoriales y se constituye como una causa de interés común, en tanto compromete principios estructurales como la igualdad de oportunidades, la movilidad social y la construcción democrática del conocimiento. De allí se deriva, además, un imperativo ético de empatía social: el reconocimiento por parte del conjunto social de la situación crítica que atraviesan las instituciones educativas y quienes las habitan resulta fundamental para sostener prácticas solidarias y promover una respuesta social amplia. La empatía, entendida no solo como sensibilidad sino como disposición a la acción colectiva ética, se convierte así en un elemento clave para la defensa efectiva de los derechos educativos y laborales en juego.
El conflicto en torno al financiamiento universitario no puede ser reducido a una disputa sectorial, sino que debe ser comprendido como un problema estructural que afecta el presente y el futuro de la educación pública en Argentina. En este sentido, el cumplimiento efectivo de la legislación vigente constituye una condición indispensable para la sostenibilidad del sistema universitario y para la garantía de los derechos que en él se encuentran en juego.