Por Adriana Fernandez Vecchi
El Día Internacional de la Mujer se inscribe en una tradición histórica de luchas colectivas que, en América Latina, han estado profundamente vinculadas con los procesos de resistencia frente al patriarcado, el colonialismo y las múltiples formas de desigualdad social. En este marco, las movilizaciones que se realizan cada año no constituyen solamente una conmemoración simbólica, sino también una instancia de organización política y de visibilización de demandas que atraviesan la vida cotidiana de mujeres y disidentes. Las actividades convocadas en torno al 8 y el paro y marcha el 9 de marzo se comprenden, así, como parte de una trama más amplia de luchas sociales que interpelan las condiciones materiales y simbólicas en las que se reproduce la vida del patriarcado y por lo tanto de colonialidad. Nuestra vida hoy castigada por el negacionismo y por propuestas que corrompen la constitucionalidad democrática exige ede parte del colectivo femenino y de les disidentes una expresión significativa.
En el contexto actual, estas manifestaciones adquieren una relevancia particular debido a la coyuntura política, económica y social que atraviesa el país. Diversos colectivos feministas y organizaciones sociales han señalado que las reformas laborales impulsadas en el presente escenario representan un retroceso en materia de derechos para amplios sectores de la población, afectando de manera especial a las mujeres y a las identidades feminizadas. La precarización del trabajo, la pérdida de garantías laborales y la profundización de la desigualdad impactan con mayor fuerza sobre el colectivo feminista y de diversidades, quienes históricamente han sostenido las tareas de cuidado y tareas sociales en condiciones de invisibilidad y desprotección.
A su vez, este contexto se inscribe en un clima más amplio de regresión de derechos, caracterizado por la reducción de políticas públicas destinadas a la protección social y por el debilitamiento de dispositivos institucionales orientados a la igualdad de género. Frente a este panorama, las movilizaciones feministas y de les disidentes se constituyen en espacios de articulación colectiva desde los cuales se denuncian las consecuencias de estas políticas sobre la vida de las mayorías. Las actividades del 8 de marzo impactan sobre la visibilizacion de las injusticias y la movilización del 9 de marzo hace que las calles se transformen, entonces, en territorios de disputa simbólica y política donde se expresa el rechazo a medidas que profundizan la exclusión y la desigualdad.
Las consignas que acompañan el paro y la marcha del 9 de marzo también incorporan una mirada crítica sobre el escenario internacional. Los conflictos bélicos, las guerras y las dinámicas de saqueo de recursos que atraviesan distintas regiones del mundo son interpretados como parte de un orden global que reproduce violencias estructurales. En este marco, las luchas feministas y de les disidentes latinoamericanas establecen vínculos entre las desigualdades locales y las lógicas de dominación global, señalando cómo los procesos económicos y geopolíticos impactan de manera directa sobre las condiciones de vida de los pueblos.
Por estas razones, marchar no es solamente un gesto de protesta, sino también una forma de afirmar la memoria de las luchas colectivas y de sostener la esperanza de transformaciones profundas. Cada paso en las calles expresa el compromiso con una sociedad más justa, donde la dignidad, el trabajo y la vida de todes les trabajadores, de las mujeres y disidentes no sean territorios de ajuste ni de violencia. Porque cuando los derechos retroceden y la desigualdad se profundiza, las calles vuelven pueden convertirse en el lugar donde la historia comienza a cambiar.