Por Angel Saldomando.

Hace algunos días se dio a conocer una serie de recomendaciones para la medición de la pobreza por parte de la comisión homónima formada en 2023 por el gobierno. De acuerdo a esas recomendaciones, que actualizan la medición que establece oficialmente la encuesta de nivel de vida Casen 2002, esta no sería de 6,5% como se informó, se incrementaría a 22,3%. La noticia produjo una cierta sorpresa, pero no tuvo las repercusiones que podrían esperarse. Que el país viviera una ficción sobre su situación social no pareció estremecer en demasía el mundo oficial. La cuestión se planteó como una simple actualización metodológica y técnica. Las obvias implicaciones política y económicas no se abordaron. La cuestión de fondo es si las políticas económicas y el modelo socioeconómico disminuyen la pobreza, tal como proclama el éxito, o además de mantenerla; genera nuevas vulnerabilidades que mantienen en fragilidad a casi la mitad de la población. Es decir, pueden pasar bajo la línea de pobreza en cualquier circunstancia adversa. En un país con alta desigualdad de ingresos, precios altos, salarios comprimidos, informalidad persistente, desempleo cíclico, los éxitos en la reducción de la pobreza parecían resolver la contradicción fundamental. ¿El modelo económico heredado de la dictadura había sido corregido exitosamente o solamente pobremente amortiguado? Valga el juego de palabras.

Los exitistas defendían las virtudes de las políticas públicas, la eficacia de la economía que crecía y permitía distribuir. El ciclo virtuoso hacía del país un ejemplo, listo para saltar al desarrollo y a la extinción de la pobreza, como proclamó el desaparecido ex presidente Piñera en su primer mandato y en el segundo tuvo que enfrentar justamente la explosión de la vitrina.
Una manera de decirlo en las palabras del instituto desarrollo y libertad “Es posible observar que, bajo ambas metodologías, la pobreza extrema es históricamente baja y si se hubiese aplicado la propuesta de la Comisión la tasa de pobreza extrema prácticamente no existiría, lo cual da cuenta del significativo avance que ha sido testigo nuestro país”
Otra versión afirmaba que entre 2017 y 2022, la tasa de pobreza disminuyó del 8,5% al 6,5%. Aunque este logro puede parecer contraintuitivo, se debe en gran medida a las ayudas estatales, que compensaron con creces la caída de los ingresos propios de los hogares durante ese periodo. En otras palabras, este resultado evidencia que los hogares aún no habían recuperado los niveles de ingresos previos a la crisis económica. Esta situación contrasta con la estrategia predominante en los 90 y la década posterior, cuando la reducción de la pobreza estaba impulsada principalmente por el crecimiento económico. En ese periodo, el alto crecimiento reducía la pobreza y daba a las personas las herramientas para valerse por sí mismas”. Cep chile.
La causa de estas versiones muy complacientes radica en que la taza de pobreza a la salida de la dictadura era sin duda enorme: 44,6 en 1987 y que luego fue reducida a a 28,5 1994, con el primer gobierno concertacionista. Tamaña mejora era sin duda una razón para expresar satisfacción. Sin embargo, con el tiempo, han pasado 31 años, el sustento de dicha satisfacción ha terminado por diluirse. Dicho sustento tenía un truco “técnico” y un manifiesto encubrimiento político de medidas asistencialistas que no resolvían el problema. La academia, los políticos, los medios no estaban dispuestos a hurgar en ello, era poco rentable, a contracorriente y salvo pocas excepciones, la cooptación del debate por el mundo oficial era total.
El truco es hoy reconocido públicamente. “En enero de 2015, como resultado de un proceso de discusión que consideró los aportes de diferentes actores, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia introdujo un conjunto de modificaciones en la metodología tradicionalmente utilizada para la medición de la pobreza por ingresos, que estaba vigente desde el año 1982” Vaya en 2015 se dieron cuenta.
En un artículo de 2011 “La economía política de los mínimos” disculpen por la cita, escribí “La pobreza aumentó de 13.7% de la población a un 15.1% en 2009 según la discutida encuesta CASEN. Es decir, unos dos millones y medio de personas cayeron en pobreza. Pero esto es la punta del tempano. Según otros estudios, el 40% de la población ha sido pobre alguna vez en los últimos 10 años, es decir la vulnerabilidad y la rotación que tiene la pobreza en el país. Se sale de ella, pero la puerta de entrada nunca queda lejos…/… Sin el gasto social mediante transferencias estatales la pobreza según algunas estimaciones, sería un 30% mayor. Es decir, casi un 45% de la población. En enero 2010 hay un 3.5% de familias, es decir 11 millones de personas con la ficha de protección social. Es decir, alrededor de un 64% de la población. En Chile han llegado a existir más de 400 programas sociales, actualmente existen unos 176 de los cuales están focalizados en los sectores de menos recursos unos 52 programas. 9 programas constituyen la red de protección social sin lo cual se cae en pobreza. Sin el gasto social mediante transferencias estatales la pobreza según algunas estimaciones, sería un 30% mayor. Es decir, casi un 45% de la población” Así, el estado hacía el mínimo, solamente allí donde ya se hacía inevitable intervenir. Con este enfoque la vulnerabilidad se amortiguaba y la pobreza era siempre un riesgo latente, al igual que la desigualdad. El 20% más pobre obtiene entre el 3 y el 4% del ingreso y el 20% más rico oscila en torno al 60%. El diagnóstico por lo tanto era muy diferente. Las políticas de compensación social habían amortiguado, pero no corregido y menos aún eran sostenibles., algo que les recordó, incluso el informe de la OCDE en aquellos años, muy mal recibido en el país del éxito.
El estallido social terminó de romper la vitrina, pero no cambió nada. Los saqueos, aunque repudiados, no fueron solo robos, fueron ataques a los odiados símbolos del sistema que oprime el bolsillo de la gente. Peajes, transporte, farmacias, supermercados, bancos y oficinas de fondos de pensión. Todos ellos con tarifas cartelizadas y oligopólicas, coludidos, con tasas de interés usureras y magros retornos que dejan el sueldo mínimo y la capacidad de pago de las familias en el abismo, ni siquiera en el borde. El mundillo oficial parece no saber que la gente compra medio kilo de carne molida a crédito, con tarjeta de supermercado y lo paga al final tres veces su valor. La pretendida búsqueda de baja inflación, post pandemia, objetivo loable no sirve de nada por la diferencia entre altos precios y bajos salarios.
En una conferencia de la Unesco (2012) sobre el uso de datos en el desarrollo, una colega dijo a modo de ironía: las estadísticas pueden ser como el bikini muestran todo y ocultan lo esencial. Este parece ser uno de esos casos en que mal honestidad intelectual, manipulación política e impunidad oficial construyen un relato que bloquea el debate en el que la sociedad pueda reconocerse en su realidad y buscar soluciones a sus problemas. En octubre hay elecciones presidenciales, tal vez este súbito reconocimiento de una situación social más adversa sea un recurso para desplazar la agenda de los temas más retrógrados de la derecha a los de la coalición oficialista que ha elegido en primaria a la militante comunista Jeannete Jara para competir en los comicios. Está por verse si esto ocurre.