Por Adriana Fernandez Vecchi
El 16 de junio de 1955, la ciudad de Buenos Aires fue escenario de una de las jornadas más sangrientas de la historia argentina. Aviones de la Armada bombardearon la Plaza de Mayo con el objetivo de derrocar al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. En pleno mediodía, sin previo aviso y con la plaza colmada de trabajadores, mujeres, niños y transeúntes, se perpetró una masacre: más de 300 personas fueron asesinadas y cientos resultaron heridas. Aquella fecha marcó un punto de inflexión en el devenir político nacional, y aún hoy, 70 años después, nos interpela como sociedad. En este 2025, conmemoramos ese hecho no solo como una tragedia histórica, sino como una advertencia permanente frente a los peligros del odio político, la intolerancia ideológica y la violencia como forma de resolver los conflictos sociales. El ataque a civiles indefensos fue el anticipo de un ciclo de interrupciones democráticas, proscripciones, persecuciones y violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se prolongaría durante décadas. Por ello, el 16 de junio no puede ser recordado únicamente como un episodio aislado, sino como el inicio de un largo derrotero que culminaría en el terrorismo de Estado más brutal que haya conocido nuestro país.
En ese marco, el recuerdo de la masacre cobra un significado simbólico renovado ante hechos recientes de la política argentina. La condena judicial a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner —con argumentos fuertemente cuestionados en el plano jurídico e institucional— y su consiguiente proscripción política para competir electoralmente, evocan el fantasma de la proscripción histórica del peronismo tras el golpe de 1955. Así como entonces se pretendió erradicar un movimiento político por la fuerza, hoy se ensayan estrategias que, bajo apariencia legal, buscan eliminar figuras centrales del campo popular del escenario democrático. La memoria del 16 de junio nos exige estar alertas frente a toda forma de exclusión política que atente contra la soberanía popular.
En el contexto nacional actual, en el que resurgen discursos de negacionismo, deslegitimación de los consensos democráticos y relativización de la memoria histórica, recordar la masacre de Plaza de Mayo adquiere un sentido simbólico fundamental. Hoy más que nunca, la memoria se vuelve un acto político de resistencia. Reafirmar la importancia de la democracia, el respeto a las instituciones y la defensa de los derechos humanos no es un gesto del pasado, sino una tarea urgente del presente.
A 70 años, rendimos homenaje a las víctimas, y con ellas, asumimos el compromiso irrenunciable de sostener la memoria, la verdad y la justicia como pilares de una sociedad libre, plural y democrática.