El CEDIAL expresa su solidaridad junto a los organismos de Derechos Humanos y a los trabajadores que han sido despedidos en los sitios de la Memoria. También expresa junto a ellos el repudio de las estrategias de vaciamiento de políticas públicas en Derechos Humanos.
El Estado está obligado a llevar a cabo investigaciones, juzgar y castigar a quienes sean responsables de violaciones a los Derechos Humanos. Además, debe garantizar una reparación justa para las víctimas y tomar medidas que prevengan la repetición de estos actos. Esto implica esclarecer los hechos, localizar e identificar a las víctimas de desapariciones forzadas, y se fundamenta en la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina, así como en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Incumplir las obligaciones internacionales relativas a la investigación, sanción, reparación integral y adopción de medidas para prevenir la repetición de crímenes de lesa humanidad constituye una vulneración grave (cfr. Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; artículos 1.1 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 2 y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 1, 4, 6 y 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; y artículos 4 y 5 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otros).
Dentro de estas obligaciones se inscribe la señalización y preservación de los Sitios de Memoria, medidas esenciales para prevenir la repetición de los crímenes perpetrados durante la última dictadura cívico-militar. Dichos sitios constituyen pruebas para las investigaciones, instrumentos de reparación simbólica y pilares fundamentales para construir una memoria colectiva.
El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur también señala que, para garantizar la no repetición de violaciones de Derechos Humanos, los Estados deben identificar y señalizar sitios vinculados a dichas violaciones. Este proceso no solo recuerda los crímenes cometidos, sino que refuerza el compromiso con la democracia y los Derechos Humanos. Los Principios Fundamentales sobre Sitios de Memoria del Mercosur establecen que los Estados deben implementar medidas judiciales, legales, administrativas o técnicas que aseguren la integridad de estos sitios.
Según informe de (Luciana) Bertoia el gobierno argentino está vaciando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, poniendo en riesgo la búsqueda de los desaparecidos, los archivos y los sitios de memoria. El secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, es el protagonista de este vaciamiento, que incluye despidos masivos, subejecución del presupuesto y una voluntad de reescribir la historia.
La Secretaría de Derechos Humanos (SDH) ha visto cómo 19 de sus 28 áreas no tienen funcionarios a cargo, y cómo la mitad de sus empleados, contratados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), han sido despedidos. Esto ha afectado áreas clave como el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y los sitios de memoria.
La situación es especialmente preocupante en el ANM, donde se encuentran los archivos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Treinta y seis trabajadores han sido despedidos, y dieciséis contratos están vencidos. Esto ha reducido la capacidad del ANM para atender consultas, investigaciones históricas y oficios judiciales.
Además, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que busca a los bebés robados durante la dictadura, quedará reducida a poco más del 30 por ciento. La legisladora porteña Victoria Montenegro ha denunciado a Baños y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Queremos en resumen alertar que el gobierno argentino está desmantelando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, poniendo en riesgo la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas de la dictadura y para la memoria y sobre todo la salud y seguridad jurídica de la sociedad civil.