Por Adriana Fernández Vecchi

En 1985 se produjo el juicio a nueve altos jerarcas militares por su participación en la represión ilegal, por un tribunal civil oral y público. Pero hubo también que superar la teoría de los dos demonios. Esta teoría anulaba los objetivos de reconfiguración socioeconómica del Proceso militar y explicaba la represión ilegal como “excesos” cometidos por las fuerzas armadas en el marco de una guerra entre dos facciones iguales en fuerza de ataque y recursos. Si bien el juicio a las juntas condenó a los altos mandos las leyes de Punto Final en 1986 y Obediencia Debida en 1987, pusieron fin a los procesos contra los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura. Estas oscurecieron la justicia con la impunidad, indultando y queriendo echar un manto de olvido sobre una historia de aberrantes hechos sociales, económicos y humanos. En 2005 estas leyes fueron derogadas lo que permitió que se reanudaran los juicios y la condena a los responsables. Madres y Abuelas, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia y la agrupación Hijos entre otras, sostenidos por la lucha de los sobrevivientes para seguir develando a los culpables de los crímenes y encontrando a los nietos apropiados como botines de guerra después de asesinar a sus padres.
Recordemos cuando el Máximo Tribunal declaró aplicable el 2X1 en un caso de delito de lesa humanidad. Se comprendió que ese fallo contradecía lo estipulado por la Corte Interamericana de Justicia y Tratados Internacionales.
Pero fuera del análisis jurídico nos preguntamos ¿Cómo se comprende un delito de lesa humanidad? El genocidio ¿no merece justicia y condena?
Cuando el Estado se disuelve detrás de los intereses particulares de los sectores individualistas, el horizonte del Bien común se diluye. Lo justo es usado por el poder para justificarse.
La ley es cosa universal. Por lo tanto, cuando un miembro de la sociedad es lesionado somos todos lesionados. En consecuencia, el delito es un hecho social. Validar lo injusto es soltar la peligrosidad en la vida cotidiana. La indiferencia es validar el delito. La falta de condena es negar la lesión. Olvidar es perder identidad. Ocultar la verdad es insultar los derechos. Disfrazar lo anticonstitucional es antidemocrático.
¿Por qué orgullosos admiramos la película 1985? Porque sabemos lo que significa falta de libertad. Ausencias, incertidumbres, hambre, pobreza, desaparecidos, Familias destrozadas sin razones, falta de escucha, libros quemados, éxodo de científicos, tierras arrasadas. Miedo, terror que paraliza, exclusión, racismo, homofobia y más.
Ese mismo patrón de conducta toma diferentes máscaras que se van `presentando en la historia y son formas feroces de destrucción de lo popular. Quizás con otros trajes pero que dañan la soberanía democrática Hoy en el lawfare vemos un partido judicial cuyos intereses socavan principios democráticos. Se alimentan de nuevas derechas que gestionan violencia y un sentido común antidemocrático. Discursos de odio que son anti-vida, normalizan la violencia y banalizan el mal.
Cuando se niega la memoria entonces la verdad y la justicia es un arreglo en una mesa de acuerdos. Pero pensemos que el terror y los crímenes de lesa humanidad van de la mano de intereses económicos y ansias de poder capaces de acciones inimaginables. Somos responsables de poner límite a la mentira, al odio y a todo aquello que hace que se deteriore nuestra calidad de vida
No esperemos que el terror sea de Estado, sea judicial, sea económico nos devore. No somos corderos. Somos ciudadanos con derechos.
Por eso el 24 de marzo es una fecha para la Memoria, la Verdad y la Justicia.