La división de Poderes en el sistema democrático es, en esencia, un método de regulación y limitación del elemento Poder, propio de todo Estado. Cada órgano (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial) debe estar en diferentes manos, con atribuciones definidas constitucionalmente y respetando los principios de especialización e independencia recíproca. Esta separación pretende crear respeto a los límites de cada uno en un correcto balance, un punto de equilibrio que expresa el deseo de vivir en paz y justicia, sin excesos de sus gobernantes.
La evolución de esta doctrina permite relaciones de colaboración o de complementariedad, pero, jamás puede haber subordinación o dependencia, ya que ninguno está en una posición de superioridad, todos son iguales. Esta forma de controlar el poder del Estado constituye lo que denominamos Estado de Derecho. En los últimos años, hemos conocido y experimentado el fenómeno “lawfare” o “guerra jurídica”. Su aplicación ha impactado sobre el desarrollo de la vida política, económica y sociocultural de Argentina y de la región.
El Poder judicial se ha prestado a crear, en connivencia con otros poderes, instrumentos para perseguir militantes políticos, sindicales, organizaciones sociales y hasta empresarios privados, con el solo propósito de concretar objetivos políticos y económicos de un sector, renunciando a su deber de construir seguridad jurídica, seguridad ciudadana y la protección de los derechos de las personas frente al Estado.
Creemos que estos manejos judiciales constituyen prácticas y discursos que cercenan el sistema democrático con consecuencias sobre las políticas públicas afectando el futuro de millones de personas. El objetivo de la persecución, del desgaste de la cosa pública, de discursos promoviendo la exclusión y el odio, son caldo de cultivo que preparan políticas regresivas en contra de la soberanía de los pueblos y de la dignidad de la vida.
Por esto, el CEDIAL adhiere a la convocatoria del 1 de febrero, “Basta de injusticia y lawfare”, porque entendemos que se ha roto el equilibrio y es necesario recomponerlo, uno de los poderes se ha convertido en supremo e induce a los otros a cooperar poniendo en evidencia su sesgo autoritario. La sociedad se moviliza para exigir la restauración de controles que aseguren la protección de los intereses de todas las personas en base a las normas legales. Es decir, la sociedad, por su salud se expresa para exigir la recuperación del Estado de Derecho.

Buenos Aires, 31 de enero de 2022.
Centro de Investigación Académica Latinoamericano. (CEDIAL).