Por Ángel Saldomando
(Desde Chile para CEDIAL)

Desde la célebre guarida de cuento de Ali Babá hasta las más reales de los paraísos fiscales, el atesoramiento de la fortuna bajo formas ocultas y/o protegidas es una práctica constante de sus poseedores. En el cuento la moraleja es que el delito no paga, pero, en el caso real sí. Cualquiera sea el origen de la fortuna y su legitimidad el paso a una zona opaca sin control, busca sustraerse a la fiscalización y a sus implicaciones, ya sea el impuesto o la penalización legal en el caso que sea fruto de ilícitos. Generalmente, crimen organizado, corrupción y prácticas comerciales ilegales. La sustracción al impuesto debilita a los estados y a las instituciones, sin ellos no hay redistribución, equidad y servicios públicos. La evasión de la penalización por su parte, crea poderes fácticos y colusión entre grupos de interés que colonizan la institucionalidad en todos sus ámbitos. Su crecimiento sistémico acaba con la democracia por su capacidad de cooptación, condicionamiento de la toma de decisiones y el recurso a prácticas violentas o extorsivas, que en diversas formas intentan eliminar a quienes buscan someterlos al control político y legal.Desde mediados de los 90 del siglo pasado, en los tiempos del consenso de Washington, hubo una creciente preocupación por la corrupción en los organismos internacionales. Se argumentó que afectaba el desarrollo y debilitaba la institucionalidad, en el conocido enfoque de gobernabilidad y calidad institucional. Se crearon observatorios, metodologías e índices para medir estos aspectos y entre ellos la corrupción. Su más que discutible base conceptual y metodológica, sirvió en realidad para tapar el desastre que habían dejado las reformas neoliberales impuestas a cualquier precio, incluido el de la corrupción.i No es que antes no la hubiera, a la tradicional basada en el linaje y el poder político que redundaba en beneficios económicos, la nueva se reforzó de manera sistémica incorporando jugadores del nuevo modelo económico en marcha: grupos económicos, operadores financieros, fondos especulativos, constituidos a favor de las desregulaciones del mercado y la debilidad institucional que promovía el Estado subsidiario. Además, incrementó la capacidad de cooptación en todos los espacios que tuvieran alguna importancia, sistema de justicia, universidades, medios de comunicación, burocracias públicas etc; que pudieran obstaculizar, denunciar, investigar las derivas corruptas.
En 2012 la OEA publicó un informe oficial titulado “Poder política y dinero” Una súbita preocupación por uno de los condicionamientos más antiguos sobre la acción del gobierno. Las razones son múltiples, pero la principal es que el poder del dinero sería actualmente una grave amenaza para la democracia. Descubrimiento reciente de un viejo problema. En este contexto en Santiago de Chile se realizó un encuentro también en enero de 2015, sobre la problemática y se constató que trece países en la región han elaborados leyes sobre conflicto de intereses en la política y dieciséis sobre información pública. Una manera de intentar responder al creciente malestar ciudadano.
La caída del presidente de Guatemala en septiembre 2015 por una investigación sobre una red de corrupción, el movimiento ciudadano en Honduras el mismo año, que movió a la sociedad y al ejecutivo por la misma razón, fueron sorprendentes. Se trata de dos de los países más oligárquicos, corruptos y conservadores que aun subsisten América Latina. Junto con ello la región se ha visto sacudida por diversas denuncias de corrupción en diferentes países. Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Nicaragua, Ecuador por citar algunos casos. En 2016 estalló la guarida del “panamá papers” y ahora en 2021 la “pandora papers”. Más allá de la región, y con la divulgación de estas investigaciones periodísticas sobre capitales ocultos, las denuncias han afectado a altos dirigentes en todo el planeta. Como primicias del nuevo estado de cosas han sido condenado el ex presidente Sarkozy en Francia y ha caído el primer ministro austríaco.
No es un misterio que la política ha estado siempre relacionada con los intereses económicos y en particular el de los poderosos. (Abordamos esto en Poder, política y dinero, 2012). Esto es así no por algún tipo de determinismo histórico, se debe a que el control del capital es una fuente de poder y de influencia sobre la toma de decisiones. De allí que todo sistema político y gobierno muestren parte de su naturaleza justamente en la manera en que se relacionan con ese tipo poder y con lo que lo fundamenta: el capital.
Si la existencia de las guaridas fiscales depende de regulaciones internacionales, es evidente que las potencias financieras no están interesadas. El control de la corrupción tiene contextos nacionales más accesibles para la acción. Pero, ¿de qué depende ello? Sin duda que la calidad de la justicia y la legislación son importantes, también la voluntad y la integridad de la política, así como investigaciones periodísticas y académicas independientes. Pero sin la exigencia de la movilización social no pasa nada. En la actualidad por lo menos hay tres presidentes en ejercicio muy comprometidos, por las revelaciones de Pandora papers y otros actos de corrupción: Laso en Ecuador, Bolsonaro en Brasil y Piñera en Chile, El primero al inicio de su mandato, los dos últimos al final. También ex presidentes, como Macri en Argentina, se encuentran en la mira. El caso de Chile es revelador.
El presidente Piñera, con un largo currículo sobre negocios dudosos, declarado reo incluso en dictadura por el desfalco del banco de Talca, está ahora imputado por la realización de un contrato, supuestamente hecho por sus hijos, en un paraíso fiscal para la venta de una minera, en el que se comprometía a facilitar desregulaciones ambientales. Piñera es parte de una gran familia de la elite oligárquica, los Piñera, Echenique, una vasta red de linaje y poder en que se encuentran eclesiásticos, empresarios, funcionarios, políticos, e intereses cruzados de todo tipo. Piñera ha sido imputado y recibirá orden de arraigo nacional. Como si fuera poco está en curso en el congreso, una iniciativa para acusarlo constitucionalmente y destituirlo. En un país donde el pacto entre las elites y la política en su conjunto y su impunidad, cimentaron el modelo socio económico post dictatorial, esto es un terremoto. Otro episodio de un modelo quebrado, en su relato hegemónico y en su legitimidad ante la sociedad. Piñera fue electo con una magra votación, con alta abstención y nunca remontó en popularidad; en medio de un descredito generalizado de la política y de las instituciones. El estallido social de octubre 2019 hizo caer el manto de impunidad del pacto que sostenía el modelo e incrementó explosivamente la intolerancia de la sociedad a los comportamientos asociados con él. La justicia hasta ahora extremadamente cauta con los poderosos se ha atrevido, por fin, a formalizar nada menos que al presidente. El congreso, teatro del pacto por treinta años, cursa una acusación institucional. Los seis candidatos a la presidencial de noviembre están muy exigidos en términos de probidad, el del oficialismo Sebastián Sichel ha sido prácticamente sepultado por las denuncias de lobista en favor de empresas pesqueras. El clamor social mayoritario es basta de corrupción e impunidad, ello apunta a la enorme colusión entre grupos económicos y política. Si ello no cambia, nada cambiará. Aunque la pandemia congeló la movilización social, esta amenaza con reiniciarse. Su poderoso aliento sigue soplando en la nuca de las instituciones y la política, los empuja, algunos por la borda y a otros a intentar representar las nuevas expectativas. Los 34 muertos reconocidos, los 3,400 hospitalizados por la represión y los cientos de detenidos, ha sido un precio dramáticamente alto para abrir una brecha.