Por Karen De Francesco
(en representación de la Comisión Directiva del CEDIAL)

Las funciones de la oposición en el sistema democrático

La vertebración democrática de un gobierno y de la sociedad en su conjunto nos ofrece, entre una de sus características constitutivas, la garantía de una oposición que le pondrá límites al oficialismo, si este se extralimitara o fuera en contra de su pueblo, para que se logre así un equilibrio virtuoso entre la autoridad, la agenda del oficialismo y la ley. Sin embargo, en Constitución, poder y control, el reconocido jurista Ricardo Haro (2002) sostiene que, si bien adquiere relevancia la función de “control” que debe ejercer toda oposición, su participación en el esquema de poder no debe limitarse a ello, sino que, en representación de la voluntad política del pueblo, debe participar en tres tareas esenciales: “control”, “contestación” y “cooperación”.

La consolidación de una oposición institucionalizada implica necesariamente un proceso de desarrollo cultural y político en las sociedades en el que se logra un consenso para el funcionamiento fructuoso de todo sistema democrático de gobierno. Si bien es cierto que la discrepancia es un atributo inexorable de la naturaleza racional y social del ser humano, de su voluntad y de las otras voluntades con las que se convive, en toda democracia deben existir coincidencias fundacionales en términos de objetivos, comportamientos y procedimientos para alcanzar el bienestar del pueblo.
En este sentido, debemos recordar que, si bien a las autoridades representativas se las debe restringir y limitar ya que, de lo contrario, dejarían de ser representantes del pueblo para convertirse en artífices de una tiranía, la oposición debe operar también en la misma dirección a los efectos de fortalecer la democracia y no de debilitarla por su disputa con el oficialismo. Si esto ocurriera, se convertiría entonces en la tiranía de la oposición, dado que su función implica promover el diálogo en el disenso sin socavar ni distorsionar la democracia.
El abanico opositor –y particularmente quienes ostentan la representatividad del sector más amplio del electorado adverso, como es el caso de Juntos por el Cambio en Argentina– debería confrontar con el gobierno y no contra el sistema democrático. Esto significa que su función es la de custodiar la democracia en el marco de un repertorio de creencias válidas para que este sistema se fortalezca y no que se debilite. Según Mario Justo López en su Esbozo para una teoría del partido antisistema (1981), debemos distinguir entre los espacios políticos gestados para funcionar dentro del sistema democrático y aquellos que operan para destruirlo.

La oposición en Argentina

De este modo, el hecho de que el presidente del Comité Nacional de la UCR, el diputado nacional por “JXC” Alfredo Cornejo, desacredite y cuestione libremente en una entrevista a quienes eligieron la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández por promover el regreso de Cristina al poder ejecutivo implica un mensaje destituyente, ya que descalifica la voluntad popular y produce un impacto deslegitimador (Sartori, 1980). Observamos aquí un dilema ético entre el “ser” y el “parecer”, puesto que se observa una recurrente apropiación del significante “democracia” por parte de los representantes de Juntos del Cambio, pero en una cadena equivalencial que funciona como directriz opuesta, es decir, hacia una deslegitimación destituyente.
En este sentido, resulta oportuno recordar la importancia de las funciones contestataria y de cooperación. La primera es central para la dialéctica democrática, pues contribuye a la racionalización del poder y a la legitimación del sistema democrático y consiste en una discrepancia responsable, fundada en el principio de realidad y en pos de beneficiar la vida cívica y el bien común. Sin embargo, cuando un representante de la oposición asevera que las PASO 2019, garantizadas por su propio gobierno, se dieron en el marco de un fraude –como señaló el senador Bullrich en su declaración en La Nación+–, se clausura toda posibilidad de diálogo en el disenso para pasar a un diálogo de sordos y una embestida contra el enemigo. Este rol destructivo de la oposición propicia un campo fértil para el caos en lugar de garantizar la paz social.
Por su parte, el sistema democrático garantiza una expresión institucional pluralista de distribución y participación del poder, pero también obliga a cooperar en la gestación de la decisión política y en la coparticipación de las políticas públicas que se estimen valiosas para el bien de la sociedad, tal es el caso de la salud pública en un escenario pandémico. En palabras de Burdeau (2019), la oposición no puede ser simplemente una fuerza negativa o un peso muerto que estorba la acción del gobierno. La actitud cooperante implica solidarismo político y el valor ético y moral de reconocer todo aquello que sirva para el bienestar de la sociedad en su conjunto. De este modo, cuando la oposición cumple con la voluntad de las minorías hegemónicas en detrimento de las mayorías populares incumple con una función esencial de su condición.

La lógica del obstruccionismo

Así como el canibalismo persecutorio puede ser una tentación en el gobierno, el obstruccionismo puede tornarse una patología en la oposición, que muchas veces entiende su función contestaria responsable y colaborativa como la de “obstrucción” mediante medios ilícitos y, muchas veces, violentos. En este sentido, en lugar de apelar a la persuasión leal para plantear las diferencias con el gobierno, suelen radicalizar la catástrofe y hostigar al gobierno y a la ciudadanía con escenarios de aparente verosimilitud que suscitan pánico y desmoralización.
Se clausura, entonces, toda posibilidad de un agonismo pluralista y una democracia radical (Mouffe, 2012) que garantice el intercambio en el disenso y las ideas antagónicas en una pacífica convivencia para transformarse en la interincomunicación constitutiva que estamos padeciendo, proceso que solo puede darse con el enemigo. Así, se observa una inmadurez política preocupante, puesto que se atenta contra la institucionalidad y la legitimidad de un gobierno representativo, elegido por las vías democráticas.
El caso del lawfare –o guerra jurídica– es un ejemplo sustancial de esta patología de la oposición. Mediante la connivencia entre un sector del poder judicial, la oposición y los medios de comunicación más dominantes se radicaliza la persecución a líderes progresistas y populares para opacar sus figuras e inocular resentimiento y rechazo irracional, por lo que se favorece la acción directa y, muchas veces, el llamado a la violencia.
El obstruccionismo es una aberración de la oposición, ya que busca colonizar las subjetividades para incentivar la despolitización y la atomización de los individuos en una lógica antidemocrática y destituyente. En virtud de ello, la ciudadanía debe interpelar a la oposición y reclamar la adecuada ejecución de sus funciones tan necesarias para el sistema democrático: controlar, contestar y cooperar. A los efectos de robustecer las instituciones y, de este modo, consolidar un juego político saludable, la oposición debe superar mezquindades para garantizar la democracia, cuya esencia debe ser sentida desde todos los espacios políticos –sea cual fuere su función coyuntural–, pero, indudablemente, para sentirla debe ser vivida.

Referencias bibliográficas:

Burdeau, G. (2019). La democracia. Madrid: Ediciones Olejnik.

Haro, R. (2002). Constitución, poder y control. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

López, M. (1981). Esbozo para una teoría del partido antisistema. Buenos Aires: Instituto de Derecho Público y Ciencia Política, Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires.

Mouffe, Ch. (2012). La paradoja democrática. El peligro del consenso en la política contemporánea. Barcelona: Gedisa.

Sartori, G. (1980). Partidos y sistemas de partidos, Madrid: Alianza Universidad.