Por Mauro Beltrami.

La crisis estructural legada por el gobierno neoliberal de Cambiemos (2015-2019) ha provocado una emergencia alimentaria, social y productiva de dimensiones sustanciales. Wahren, Harracá y Cappa (2018) exponen que entre 2015 y 2018 el Producto Bruto Interno (PBI) se contrajo un 1,4 %, mientras que el PBI per cápita tuvo un retroceso del 4,5 %. La situación que ha provocado Cambiemos ha sido definida por Axel Kiciloff como “tierra arrasada”. Este contexto recesivo junto con el incremento de la pobreza y la indigencia, el aumento de los servicios básicos y la caída del poder adquisitivo del salario ha contribuido para que numerosos destinos turísticos tanto de la provincia de Buenos Aires como del resto del país, se encuentren en una situación crítica. En algunos de ellos, la respuesta a la caída de la demanda se basó en  MOTIVÓ iniciativas para declarar la emergencia turística.

Asimismo, a sólo tres meses de iniciada la nueva gestión de Alberto Fernández, la situación económica de los destinos turísticos en el país se ve agravada aún más por la emergencia de una pandemia de escala global.

Ante este panorama, la respuesta del Ejecutivo Nacional fue rápida y contundente, se priorizó la salud pública y el bienestar de la población tomando medidas mediante el Decreto Nacional 297/2020 y distintas resoluciones, que buscaron simultáneamente promover el aislamiento social, preventivo y obligatorio e implementar acciones para asegurar el acceso de los sectores vulnerables a la alimentación.

De esta manera, el nuevo gobierno, mostró abiertamente su carácter de peronista dándole centralidad a las políticas sociales en el diseño y ejecución de programas gubernamentales, frente a la matriz mercadocéntrica propia de la coalición Cambiemos.

En este nuevo escenario de aislamiento obligatorio, la gran mayoría de las actividades económicas se han visto afectadas, entre ellas, una de las más perjudicadas desde que comenzó la pandemia es el turismo, en primer lugar debido a la necesidad imperiosa de limitar la circulación de las personas. Una vez que el estado más crítico de la pandemia del coronavirus pase y el aislamiento sea levantado, el turismo será una de las actividades que necesitará medidas específicas para su reactivación

De todos modos, se debería replantear a qué sectores se orientarán las medidas para paliar los peores efectos de la crisis. En este sentido, surge el planteo acerca del rol que debería tener el turismo social (más allá del contexto actual), siendo este un eje político que debería ir cobrando mayor relevancia y ampliando su campo de acción.

La conceptualización, formulación e implementación de acciones institucionales asociadas al turismo social se encuentran profundamente arraigadas a la doctrina justicialista. Representó el tipo de organización turística característica del primer peronismo, habiendo sido definida en aquel entonces como aquella que debía “posibilitar el acceso de la población trabajadora a los lugares de turismo”, ESta propuesta se materializó a partir de “la construcción de hoteles y colonias de vacaciones y franquicias en los medios de transporte” por parte de los sindicatos y asociaciones profesionales. El propio Perón señaló que la “organización del descanso” incluía tanto la disponibilidad de tiempo de reposo, como también el diseño de sitios para la recreación, debiendo orientarse a asegurar que “cada obrero pueda tener, quince o veinte días de vacaciones en la montaña o en el mar”, para lo cual debía considerarse tanto la construcción de lugares para alojamiento como el subsidio de pasajes.

En esta línea, el turismo social fue incluido en el segundo Plan Quinquenal (1952), como un capítulo dentro del rubro “Acción Social”. Las políticas nacionales del primer peronismo también tuvieron su correlato en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente durante la gobernación de Domingo A. Mercante (1946-1952), quién consideraba al turismo social como “el complemento del precepto constitucional que hace del paisaje natural un patrimonio de la comunidad”, debiendo el Estado intervenir para asegurar el cumplimiento de lo anterior para el “sector popular”. Podría afirmarse, siguiendo a Koenig (2019), que las políticas turísticas formaron parte del sistema de salario indirecto impulsado por las políticas sociales del peronismo.
Durante el primer peronismo, se construyeron e inauguraron las unidades turísticas de Embalse de Río Tercero y de Chapadmalal, las cuales se transformaron en espacios para una demanda heterogénea compuesta por familias, jóvenes y ancianos durante décadas y hasta la actualidad. Estos complejos hoy continúan siendo propiedad del Estado nacional, administrados por el Ministerio de Turismo y Deportes. Han resistido los embates de dictaduras revanchistas como la autodenominada revolución libertadora y la destrucción del Estado provocada por gobiernos neoliberales tanto dictatoriales como constitucionales. El gobierno de Cambiemos contribuyó al desguace de las políticas de turismo social, siendo un símbolo de dicha destrucción el intento de cesión de un grupo de edificios del complejo de Chapadmalal a la Gendarmería.

En la actualidad, la Ley Nacional de Turismo N° 25.997 indica que el turismo social comprende “todos aquellos instrumentos y medios que otorguen facilidades para que todos los sectores de la sociedad puedan acceder al ocio turístico en todas sus formas, en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad”. Esta ley dedica el Título V (artículos 38, 39 y 40) a dicho tipo de turismo, persiguiendo la finalidad de promover la prestación de servicios a sectores vulnerables de la población. Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, el turismo social también es referido en la Ley Provincial de Turismo N° 14.209, siendo el fomento del turismo social una facultad de la autoridad de aplicación de la norma (la actual Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción). El enfoque que prima para pensar el turismo social reside en entender al turismo como un derecho conquistado por la población, buscando acercar a los sectores vulnerables al disfrute de las vacaciones y los espacios recreativos. Es decir, se adopta un enfoque centrado en los turistas y la búsqueda de su bienestar. Para un gobierno peronista, la política de turismo social se encuentra intrínsecamente ligada a la doctrina, por lo cual resulta fundamental su reafirmación y priorización dentro de las estrategias institucionales.

Pero el enfoque centrado en los turistas debería ser ampliado en el contexto argentino actual, donde es evidente que, desde 1975 en adelante, existió un crecimiento de la precarización e informalidad laboral junto con un incremento de los niveles de desigualdad, marginalidad y exclusión, tendencia revertida durante los doce años de kirchnerismo (2003-2015) y profundizada durante el neoliberalismo macrista. Aparecen también, en este contexto, nuevos actores que fueron cobrando gran importancia por su capacidad de organización, sobre todo, en el marco de la economía social y popular. En este sentido, el concepto de turismo social debería considerar en los próximos años y bajo el nuevo gobierno peronista estrategias que busquen no sólo acercar a los sectores vulnerables al viaje y el disfrute vacacional, sino también para trabajar en la integración de los trabajadores y de las organizaciones de la economía social y popular a la oferta turística en los destinos turísticos argentinos junto con los numerosos sindicatos que ya lo hacen. Esto responde a una necesidad inmediata de la economía nacional y de la política social, dado que el turismo puede significar un mayor volumen de demanda para los productos comercializados en ciertos rubros de la economía social y popular (como el alimenticio, el textil, la agricultura familiar, entre otros), pudiendo resultar en un incremento del consumo de dichos productos y, por ende, en un ingreso adicional para los trabajadores y sus familias en localidades ligadas al turismo interno. No debe obviarse el hecho que Perón expuso las relaciones entre el turismo social y el concepto de “economía social” ya en 1948, siendo parte de la misma red conceptual. Tampoco resulta menor que el diseño e implementación de estas estrategias pueden producir relaciones de intercambio turístico más solidarias, justas y equitativas, llevando a cambios en la forma de promoción de la oferta en los destinos en función de una distribución del consumo más equitativa en los centros turísticos.

El desafío del gobierno actual en los procesos de promoción institucional de la actividad es modificar la estrategia de la gestión anterior que consistió en fortalecer la posición dominante de los oferentes con mayor escala, mejor infraestructura y reconocimiento simbólico de su marca o bien, y por el contrario, diseñar estrategias tendientes a disminuir las desigualdades entre los oferentes accionando afirmativamente para promover y orientar el consumo turístico hacia los trabajadores, microemprendedores y organizaciones de la economía social y popular. Está claro que, en el marco de la crisis estructural actual, los gobiernos peronistas en los diferentes niveles del Estado debieran repensar las estrategias turísticas rompiendo con las lógicas dominantes en el mercado turístico, y de esta manera reafirmar uno de los principios del peronismo, la justicia social.

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