Por Ángel Saldomando
La crisis de Nicaragua aunque se le dé menos cobertura, es por su despliegue, su contexto internacional, ideológico e histórico un poderoso revelador de nuevos escenarios internacionales, regionales y políticos. Por lo tanto, se ponen a prueba acciones, apreciaciones y manejo de las crisis; en lo bueno y lo malo de tal ejercicio. Más aún en el caso de Nicaragua, país que fue un epicentro de la crisis centroamericana en los ochenta del siglo pasado, escenario del proceso revolucionario que siguió al derrocamiento de la dictadura de Somoza, de una guerra civil y parte de todas las negociaciones internacionales que buscaron darle una salida al conflicto. Antecedentes hay de sobra.
¿Crisis sorpresiva o crisis anunciada?
Quizá la cuestión clave es precisar la tendencia del proceso político post revolución y sus sucesivas fases, se trata de determinar si habían o no elementos de crisis que se acumulaban o si, como sostiene la tesis oficial, que todo estaba bien y todo es fruto de una conspiración. La primera constatación es que el proceso político se descompuso progresivamente y que por lo tanto la crisis es la culminación de esa descomposición a la que, como veremos, actores nacionales y externos fueron cediendo.
La salida del periodo revolucionario (1979-1989) Abrió un periodo de democratización, pacificación y reconstrucción en el marco de una economía que pasó del control estatal a la liberalización y privatización. Ello instauró un modelo económico estándar de acuerdo con la ortodoxia de los parámetros del Banco Mundial y el FMI. El modelo fue rigurosamente continuado por todos los gobiernos desde 1990 a la actualidad, con algunos retoques más de estilo que de fondo. La constatación no es insustancial, ello despeja inmediatamente que la crisis se haya generado por contradicciones en torno al modelo económico y su gestión. Es decir entre proyectos socioeconómicos distintos representados políticamente por la derecha y la izquierda. Idea que ha sido defendida por el régimen de Ortega para victimizarse frente a una pretendida conspiración de la derecha, del imperialismo y ambos promotores de un golpe de estado y de la crisis actual.
La cooperación internacional y las agencias multilaterales promovieron y acompañaron el proceso, con 6.500 millones de dólares entre 1990 y el 2000. Continuó haciéndolo, aunque en proporciones menores hasta que la descomposición del proceso político indujo un retiro progresivo. Hasta que finalmente desde el 2007, con Ortega ya en el gobierno optó por quedarse básicamente con los multilaterales (BM, FMI, BID) y el acuerdo petro-financiero con Venezuela. En el largo período que va de 1990 a 2017, último año antes de la crisis, se sucedieron los gobiernos de Violeta B 1990 1996, de Arnoldo Alemán 1997-2001, de Enrique Bolaños 2002-2006 y el retorno de Ortega al gobierno 2007-2011 para luego forzar su permanencia en principio hasta 2021 luego que arreglara la constitución para reelegirse sin límites.
Esta secuencia política tuvo dos líneas de fuerza fundamentales, por un lado la continuidad del modelo socioeconómico y por otro una ardua lucha por el reparto entre grupos de interés de todo signo que generaron al principio inestabilidad, luego en medio de conflictos se buscaron arreglos que diera una imagen de coexistencia y de estabilidad (pacto de gobernabilidad se le llamó) que terminó de estructurarse cuando las cámaras empresariales y el principal grupo económico de los Pellas se integraron al pacto con Ortega. Pero la estabilidad lograda para los negocios y para un reparto proporcional según el poder político, implicó que al grupo de Ortega instalado en el gobierno subordinara al estado privatizara la ayuda venezolana como capital propio y trasladara los métodos imperantes en el FSLN a toda la institucionalidad, En los hechos un régimen unipersonal autoritario y corrupto.
La institucionalidad fue desmantelada, no hubo más contrapesos, transparencia ni elecciones limpias. El control del pacto político empresarial, (discrecionalidad para el poder a cambio de hacer negocios) implicó la subordinación del estado, de la sociedad en su conjunto a ese pacto por medios cada vez más autoritarios y represivos. Se trató asi de controlarlo, impedir su crítica o la simple disidencia y ocultar que el enriquecimiento era excluyente y concentrado en un país con altas tasas de pobreza, emigración y marginalidad.
Desde el 2000 en adelante esta tendencia no hizo más que desarrollarse. El modelo y el pacto avanzaron dando imagen de normalidad mientras que la descomposición crecía. Las buenas cifras económicas exhibidas como éxito se usaron para ocultar que el país seguía siendo uno de los más pobres.
Pese a todo, la incipiente democratización lograda había generado un nuevo capital social y político. Ello alimentó la incipiente sociedad civil, un nuevo periodismo surgió, se fortalecieron asociaciones y redes locales. La sociedad se diversificó en todas sus facetas nutriendo discretamente una nueva conciencia ciudadana. En ella coexistían visiones mistificadas del pasado revolucionario con visiones edulcoradas de la democratización y con justificaciones cínicas de los juegos del poder; cada vez más reducidos a grupos de interés auto centrados. Empresarios, sandinismo oficial, ejército. Estos grupos comenzaron a separarse peligrosamente cada vez más de la diversificación del país, de la necesidad de nuevas propuestas y de un proyecto que fuera más democrático e inclusivo que el simple resultado del pacto intra-elites. El descrédito de las instituciones, la corrupción y la política como juego exclusivo de oportunismo racional (apropiarse de lo que se pueda y repartirse el resto) se incrementaron.
Una normalidad hecha de todo lo anterior parecía consolidada, Ortega dueño absoluto del FSLN, luego de haber eliminado toda disidencia y actor central de esa normalidad en descomposición, profundizó esta peligrosa deriva en una síntesis muy degradada de la mistificación revolucionaria, democratización formal y corrupción; a los que agregó un creciente autoritarismo represivo. Fuera de los focos de la actualidad Nicaragua parecía normalizada, pobre pero estable.

El contexto internacional era por su parte funcional. Los multilaterales mientras el modelo se mantuviera hicieron la vista gorda. Nicaragua era uno de los pocos países que conservaba acuerdos con el FMI. “El desempeño de la economía en 2017 rebasó las expectativas y las perspectivas para 2018 son favorables. A fin de minimizar los posibles riesgos desfavorables, Nicaragua necesita seguir fortaleciendo su marco de políticas, para lo cual deberá: (i) apresurar la aplicación de la ley sobre tributación internacional, reducir el gasto tributario, racionalizar los subsidios y poner en práctica una reforma integral de la seguridad social, (ii) ampliar el perímetro de supervisión, (iii) reforzar el marco de combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo, y (iv) crear reservas financieras internamente y aumentar aún más las reservas internacionales.” Decía el FMI en su informe de febrero 2018. La crisis estalló en abril de ese mismo año.
Por otra parte la atención internacional estaba en medio oriente, Irak e Irán, en la evolución de Rusia y China. Estados Unidos tenía otras prioridades y mientras se hagan negocios, no se expropie, se colabore con la DEA; Nicaragua podía seguir su vida. La ola progresista en América Latina que cubre más de una década, con los gobiernos del PT en Brasil, de Chavez en Venezuela, Evo en Bolivia, Correa en Ecuador, Kirchner en Argentina, Mujica en Uruguay, etc. facilitaron un contexto para que las solidaridades ideológicas ignoraran, complacientes, los peligros de derivas políticas autoritarias y corruptas. La ola asimilada a la izquierda y al progresismo no tenía sin embargo un patrón único fuera de ciertas retóricas compartidas. La historia y la calidad de esas fuerzas políticas eran muy distintas según el país pero se creó una suerte de imagen compartida de compromiso social, ética y progresismo político, muy distante de las historias reales de cada organización. Ello le permitió a la deriva del FSLN en Nicaragua seguir administrando internacionalmente su retórica y su imagen sin llamar la atención sobre su propia descomposición. El FSLN se dedicó a administrar su capital político simbólico, de izquierda y revolucionario, desconectado del debate internacional y atrincherado nacionalmente en una táctica de incrementar espacios de poder grupal, desconectado de la reelaboración de un proyecto político y programático. En vano se buscarán elaboraciones mayores sobre temas de debate presentes en el ámbito nacional o internacional y que concitaban la atención de las corrientes progresistas. Su relación con el foro de Sao Paulo, el social de Porto Alegre o con la socialdemocracia con quien flirteó durante años, asi como su adhesión al ALBA, eran parte de un oportunismo básico con tal de conseguir dinero o alguna proyección.
Para la izquierda oficial internacional Nicaragua seguía siendo un buen recuerdo, como lo demostró el Foro de Sao Paulo en 2011 realizado en Managua y el último realizado en la Habana, en que contra toda evidencia, de la deriva autoritaria y corrupta, hubo en ambos encuentros sólo respaldos políticos complacientes. Todo este conjunto de factores hicieron que la descomposición del proceso político nicaragüense y la del FSLN pasaran desapercibidas y las voces críticas no fueran escuchadas. El discurso anti-neoliberal sirvió para cubrir políticas y posiciones muy distintas en la realidad.
La excepcionalidad de la crisis y su tratamiento internacional
En 18 años, desde el 2000, han caído 11 presidentes electos, de todo signo político. De ellos 8 por movilización de la sociedad y revueltas cívicas. 3 por crisis internas del grupo en el poder e institucionales. Ello reduce la fuerza de los argumentos sobre planes globales concertados o de una direccionalidad política única en estas crisis. Los contextos nacionales y la especificidad de las diversas crisis ameritan ser valoradas y explicadas, asi como su relación con factores externos.
No porque Latinoamérica haya conocido el periodo democrático más largo de su historia los conflictos y las crisis han desaparecido. La crisis política de Argentina en 2001 tuvo doce victimas provocadas por la represión y cinco presidentes provisionales. La de Bolivia con la caída de Lozada dieciséis víctimas. Las crisis políticas en Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela implicaron conflictos violentos. Ha habido destituciones y golpes de palacio en Brasil, Honduras, Guatemala y Paraguay. Algunos conflictos sociales ambientales o étnicos han sido también cruentos en diversos países. En ninguno, puede decirse, hubo informes internacionales de derechos humanos, grupos de observación, seguimiento o mediación, intervención de la OEA, aplicación de la carta democrática, comités de presidentes etc. ¿Por qué todo ello se da en Nicaragua? ¿Se trata de una conspiración? Se trata más bien del quiebre de los factores que le dieron la apariencia de normalidad y los riesgos de la crisis que repercuten externamente.

El quiebre interno
Como afirma perspectivas 130 “Nicaragua entró en un ciclo de movilización social a partir del año 2013, en el que distintos movimientos sociales comenzaron a expresar con distintas acciones sociales su descontento e insatisfacción. Tal es el caso del movimiento anticanal, con los campesinos a la cabeza; los jóvenes y ancianos que se manifestaron por la entrega de jubilaciones en el caso conocido como OcupaInss; las diferentes expresiones de rechazo a la minería y otras acciones ciudadanas demandando elecciones libres y transparentes, así como la apertura de espacios políticos democráticos. Otras dos expresiones cívicas de descontento fueron la alta abstención en las votaciones del año 2016 y 2017. Frente a todas estas muestras de insatisfacción y descontento, el gobierno prestó oídos sordos y más bien intentó reprimirlas y sofocarlas como en el caso OcupaInss y las numerosas marchas del movimiento campesino. La presión social se incrementó significativamente de manera subterránea hasta que emergió con una gran fuerza en abril de 2018. Tal como se ha mencionado antes, los catalizadores fueron las protestas por la inoperancia del gobierno frente al incendio de la reserva natural Indio Maíz y el decreto presidencial que reformaba el sistema de seguridad social. El gobierno respondió a las protestas con represión, pero en esta ocasión, en la medida que el gobierno escalaba los niveles de represión, las marchas y protestas se extendieron por el país y se volvieron multitudinarias. Los niveles de la contienda política se elevaron al punto que la situación se convirtió en una crisis, calificada por organismos internacionales, como una crisis de derechos humanos por las graves y masivas violaciones cometidas por las fuerzas policiales y los grupos paraestatales del gobierno. Más de 350 personas fallecidas, miles de heridos, varias decenas de desaparecidos, más de 700 personas encarceladas y enjuiciadas de manera arbitraria y más de 50 mil exiliados”.
La magnitud de la movilización social, la escalada de la represión, el riesgo de propagación y el shock producido en los actores internos, como en el propio empresariado, la iglesia, la juventud, organizaciones campesinas, el periodismo, el pronunciamiento de sandinistas históricos reconocidos que venían denunciando a Ortega; rompieron la fachada de normalidad. La denuncia internacional puso en movimiento a organismos internacionales de derechos humanos y a la OEA, los que a que habían sido alertados sistemáticamente en años anteriores. La propia historia reciente de Nicaragua, épica y revolucionaria para la izquierda, se dio vuelta. ¿Cómo era posible en nombre de ese pasado se actuara del mismo modo que la denostada dictadura de Somoza? En dos meses el régimen asesinó más personas que en todo un año de protestas (1983) bajo el régimen criminal de Pinochet.
De esta manera se quebró, el pacto de gobernabilidad, el pacto intra elites, la impunidad internacional, la fachada ante la izquierda. Esta vez los factores que le dieron impunidad no pudieron salvar las apariencias.
La continua manipulación de las instituciones, el cierre de espacios políticos, la ausencia de renovación de las dirigencias, el hastío con la corrupción, la exigencia de vivir en sociedades abiertas en materia de derechos y deliberativa sobre las soluciones, tomaron la forma de una crisis de régimen. La ausencia de una respuesta política democrática a las reivindicaciones, a la frustración y el enojo acumulado, terminaron por salir a la superficie.
El frente externo
La internacionalización de la lucha por la democracia es reciente y los procesos políticos nacionales siempre han estado atravesados por influencias internacionales y juego de intereses geopolíticos. Evidentemente hay doble estándar, asimetrías entre países y regiones. Sin embargo, el principio de soberanía y autodeterminación se ha considerado una base fundamental para los estados y las relaciones entre ellos. Las convenciones internacionales (contra la corrupción, la Carta Democrática, el Tribunal Penal Internacional, los derechos humanos) han acotado fuertemente en las últimas décadas el principio de soberanía y autodeterminación. En los países el proceso político es una cuestión nacional, pero no se puede violar convenciones internacionales y marcos de conducta relacionados con la democracia y los derechos humanos. Se trata de normas supranacionales. Así, se ha creado una zona de tensión: los gobiernos cuando les conviene reclaman soberanía y en casos en que les sea útil reclaman las convenciones internacionales.
La realpolitik instrumentaliza todo según sean amigos o enemigos, es sabido, pero el que exista una norma democrática y de derechos humanos, que tenga reconocimiento internacional sirve de parámetro en relación a lo aceptable y a lo inaceptable. En muchas situaciones no es mucho y no impide brutales represiones, pero tampoco es nada cuando se trata de proteger personas y exigir un comportamiento estatal adecuado. Los antecedentes de Centroamérica y de Nicaragua en particular, generan preocupación por los riesgos de escalada, fronteras permeables y emigraciones descontroladas. La dimensión de la represión en Nicaragua no solo viola toda norma, además se convirtió en factor de riesgo regional y eso ha estimulado la presión internacional.
En estos casos los regímenes en crisis invocan soberanía, rechazo a intervención extranjera y afirman defenderse de la conspiración externa. Por el lado crítico, se exige respeto de normas y democracia. El hecho de que regímenes de todo tipo hayan experimentado esta contradicción inválida un catálogo a priori de buenos y malos, solo hay que verificar las pruebas. La cuestión de fondo es entonces la respuesta a la crisis, sus tiempos, la su profundidad de la crisis.
Algunos casos sirven de referencia. La crisis tunecina se resolvió rápido y solo con actores internos, lo fundamental fue la salida del régimen y la apertura política. Libia, Siria, Irak se hundieron en crisis largas, violentas y sin respuesta política hasta derivar en juego exclusivo de potencias. La de Egipto tuvo desenlace rápido, desde el interior del régimen; pero implicó una apertura aunque corta y un cambio de grupos dominantes. Las crisis latinoamericanas, que ya mencionamos, fueron cortas, en todos los casos hubo algún tipo de cambio y se realizaron elecciones que descomprimieron la situación. En Bolivia y Ecuador por ejemplo se cambió incluso la constitución. Aun si no todas fueron aperturas reales, se evitaron largas crisis violentas y escaladas.
Nicaragua está al medio del vado, la crisis está abierta, los actores con poder deben decidir qué camino tomar. La presión externa no decaerá y tampoco la fachada se podrá recomponer. Económica y socialmente el país está fragilizado. En esas condiciones el régimen no puede imaginar seguir gobernando con algo de estabilidad. Las opciones continuistas solo pueden darse bajo formas represivas que, hasta el momento, ha sido la única respuesta del régimen. Otros apoyos externos, como Rusia o China, parecen solo pesar en países con interés estratégico, Nicaragua no lo es y las decisiones de ambos países han sido pragmáticas como lo han demostrado las crisis en África.
La debacle política
Nicaragua reavivó debates eternos en la izquierda, entre aquellos muy ideologizados y aquellos que entienden que no se puede hacer cualquier cosa en nombre de cualquier bandera. Al inicio hubo en algunos sectores una reacción visceral y epidérmica de apoyo al gobierno de Ortega como representante del icono FSLN. Los más informados y la realidad misma inclinaron la balanza hacia una condena internacional. Ya en 2012 una carta exigiendo el respetos de los derechos políticos en Nicaragua firmada por Chomsky, Galeano y Benedetti por ejemplo, se habían hecho eco de la crítica a la represión practicada por el gobierno orteguista. Señera fue la declaración urgente por Nicaragua en 2018 firmado por amplios y reconocidos sectores del progresismo y de la izquierda internacional. En su parte medular la declaración dice:
“La indignación, el dolor, el sentido de frustración histórica es doble cuando semejante aberración política es producto de líderes y gobiernos que se dicen de izquierda. ¡Qué puede doler más que la ironía de un líder que se dice revolucionario, emulando las prácticas criminales de aquel dictador contra el que se supo levantar! Y esa indignación se hace más intensa aun cuando este panorama de violencia política estatal es completado con el silencio cómplice de líderes políticos y referentes intelectuales (auto) proclamados de izquierda. La connivencia de cierto establishment intelectual -una izquierda oficialista que suele arrogarse la representación exclusiva de la ‘izquierda’-, ha mutado al calor del poder gubernamental en un sucedáneo del más desbocado cinismo. Denunciar esta situación tan dolorosa como inaceptable, alzar la voz contra los atropellos a las más elementales libertades y derechos que el actual gobierno nicaragüense viene realizando, no es sólo un deber de solidaridad humanitaria. Es también un acto y un llamado colectivo a defender la Memoria revolucionaria; a procurar evitar la consumación de esta degeneración política en curso…/…Alzamos nuestra voz para condenar públicamente la dictadura en la que se ha convertido el gobierno de Ortega-Murillo. Expresamos nuestra solidaridad para con el pueblo y la juventud hoy, una vez más, levantados en resistencia. Para apoyar y acompañar sus exigencias de diálogo y de paz, de poner fin a un gobierno ilegítimo y criminal que hoy usurpa la memoria sandinista. Lo hacemos con la convicción de que lo se trata no es sólo “salvar el honor” del pasado, sino sobre todo, de rescatar y cuidar las semillas emancipatorias del futuro, que hoy se han puesto en riesgo”. La declaración reunió numerosas y destacadas firmas, fue difundida por diversos medios de comunicación
Esta es la diferencia entre quienes, al menos, han aprendido que vincular los avances de la humanidad en materia de derechos con los proyectos de sociedad es una cuestión esencial para posicionarse políticamente en un sentido progresista. Si el proyecto de sociedad, aunque prometa lo que sea, disminuye los derechos fundamentales esto es una regresión política e indudablemente reaccionaria. La izquierda no puede proponer un proyecto político que sea menos democrático e igualitario que la sociedad que critica.
Además el contexto es ahora de revisión y replanteamiento, varios representantes de corrientes pro Alba y de los complacientes han perdido peso y gobiernos, por ese lado el margen es mínimo. Y pedir solidaridad reprimiendo brutalmente no es muy bien visto.
Nicaragua está de nuevo frente a una encrucijada. Es el cierre definitivo de la democratización abortada y la condena de sus responsables. Un nuevo país está esperando su oportunidad.