Santo Tomás declaró el ‘derecho divino de los reyes’, lo que significaba que algunas personas estaban destinadas por Dios para gobernar porque les otorgaba la capacidad de establecer las normas y leyes que coincidieran con el orden divino dispuesto para el mundo. El resto de los seres humanos tenían el deber de obedecer porque la voz del rey era la voz de Dios. Evaluar, cuestionar u oponerse era pecado y debía ser castigado.
Pero las monarquías perdieron poder y poco a poco las decisiones políticas de adaptaron a un nuevo orden, la democracia, que entendía que el poder emanaba del pueblo y no de Dios. De allí que los gobernantes se eligieran por votación popular, que se establecieran leyes e instituciones para controlar y evaluar su cumplimiento y que se subscribiera la critica intelectual y activa con la legalización de la libertad de opinión y el derecho a huelga.
En nuestro país, sin embargo, estamos escuchando voces antidemocráticas que quieren imponer sus propias leyes y transgredir las que fueron consensuadas por el pueblo. Así se anatemiza -como hacían los reyes con el aval religioso- a quienes critican y/o pretenden ejercer el derecho a huelga, difamándolos y acusándolos de golpistas pero negando cualquier posibilidad de consenso al tratar de imponer en las paritarias un inamovible piso salarial como si fuera la voz de Dios.
Pero tal vez la más fuerte reminiscencia del poder de los reyes es la expuesta por Gabriela Michetti al sostener que debería suspenderse la elección de medio término, impidiendo así que el pueblo evalúe el accionar de Cambiemos. Sin embargo, aunque Gabriela Michetti pretenda un poder real, como nuestro país es secular, evitar la participación y evaluación de quienes, según los principios democráticos que dicen defender, son la fuente del poder, sólo puede ser calificado como una política autoritaria o dictatorial pero no democrática.
