Por Daniel do Campo Spada.
(CEDIAL)

Una República se constituye con tres Poderes que se auto-controlan. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial deben proveer en un sistema republicano la forma justa de vivir. Mientras que los dos primeros se eligen en forma directa por los ciudadanos, el tercero tiene mecanismos indirectos de elección que lamentablemente se ha ido corrompiendo desde el comienzo de la democracia en 1983 (con una dolorosa interrupción entre 2015 y 2019). El descrédito que los Tribunales de cualquier instancia tienen en 2021 lo han convertido en una verdadera cloaca, desde donde se defienden los intereses de las minorías poderosas (a las que terminan sirviendo y perteneciendo) a las que cubren de una impunidad a todas luces morbosa. Como el tema es inabarcable en una sola nota, nos vamos a concentrar en la Suprema Corte. Las enfermedades no se desarrollan en un solo día. Una vez que nos liberamos de las cómplices Cortes de la dictadura de Jorge Videla y sus secuaces (1976-1983) todos los Juzgados comenzaron un des armónico camino en el que los casos brillantes han sido escasos. Lamentablemente abundan los magistrados impresentables en un país que se pretenda mínimamente como democrático.
En 1983, Raúl Alfonsín tuvo la posibilidad de crear una nueva Corte Suprema ya que todos los jueces de la dictadura habían renunciado. Esa posibilidad solo la habían tenido en la historia Arturo Frondizi en 1958 y Héctor J. Cámpora en 1973. El primer Supremo lo integraron Enrique Petracchi, Carlos S. Fayt, Augusto César Belluscio, José Severo Caballero y Genaro Carrió (luego reemplazado por Jorge Antonio Bacqué).
Cuando en 1989 llegó la noche menemista, instrumentó lo que se llamó “la mayoría automática” al agregar cuatro nuevos miembros. La corte, de nueve integrantes le permitió a Carlos Menem, vaciar el Estado sin ningún tipo de apelación judicial. En el mismo lapso de destruyeron conquistas de los trabajadores en anteriores Gobiernos peronistas. Por la renuncia de Bacqué, el primer gobierno neoliberal que llegó por el sufragio, nombró diez jueces en sus dos mandatos. Estos, que empezaron a moverse en un terreno de ostentación y servilismo morboso fueron Eduardo Moliné O’Connor, Julio Nazareno, Rodolfo Barra (renunció en 1993 y luego fue Ministro de Justicia), Mariano Augusto Cavagna Martínez (renunció en 1993), Ricardo Levene (hijo, quien renunció en 1995), Julio Oyhanarte (renunció en 1991), Antonio Boggiano, Guillermo Alberto Fernando López, Gustavo Alberto Bossert (renunció en 2002) y Adolfo Vázquez. Las renuncias de estos fueron para evitar el juicio político que en 2004 se les inició, conservando de esta manera los excesivos privilegios de los que disponen como no pagar impuestos, ni declarar sus patrimonios.
Todo fue tan corrupto que hasta el ex Ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, factótum de la destrucción de la economía nacional denunció que el Ministro Carlos Corach un día le dijo que se quedara tranquilo porque tenían “jueces propios”, los que enumeró en una servilleta. Desde ese momento a la mayoría automática se les llamó los magistrados de la servilleta.

Tras la crisis institucional de 2001, el derrumbe de Fernando De la Rúa y la transición accidentada de Eduardo Duhalde, el país comenzó a normalizarse con la Presidencia de Néstor Kirchner desde 2003. En el siguiente año se retornó a una Corte Suprema de cinco integrantes pero que en esta ocasión fueron elegidos por sus antecedentes. Por eso se rescata las brillantes incorporaciones de juristas de prestigio internacional como Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay (quien falleció en el ejercicio de sus funciones). Mientras que Antonio Boggiano fue destituido renunció Augusto Belluscio quienes ya habían acumulado conductas personales y jurídicas desprestigiantes. Carlos Fayt (quien quedó desde 1983 hasta que falleció) y Juan Carlos Maqueda (designado por el duhaldismo durante la transición) conformaron el tribunal junto a Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti quien siempre tuvo aspiraciones personales de apelar a la Presidencia de la Nación en caso de crisis institucional.
Cuando en 2015 se perdió la democracia, por Decreto el Presidente Mauricio Macri quiso colocar por la ventana a Carlos Rosenkrantz (abogado de Clarín y actual Presidente del máximo Tribunal) y Horacio Rosatti. Al ver que ello era muy escandaloso con la complicidad de legisladores de la derecha peronista simularon una Comisión de Acuerdos apelando a un Consejo de la Magistratura que manipularon a su antojo en medio de la más triste etapa del Poder Judicial. Durante los cuatro años en que se perdió la democracia armaron causas con jueces serviles y parciales como Martín Irurzun o el vergonzante Claudio Bonadío junto a Fiscales Federales extorsionadores como Carlos Stornelli o el mediático Marijuán para perseguir a los dirigentes sociales, en su mayoría peronistas con el claro objetivo de encarcelar a Cristina Fernández como en Brasil hicieron por ejemplo con Luiz Ignacio Lula Da Silva. Como consecuencia del “lawfare” (guerra judicial) el Poder Judicial es repudiado en la actualidad.
La democracia volvió a la Argentina hace un año y medio, pero está lejos de haber sanado sus heridas. Se necesita una fuerte decisión política para terminar con el paupérrimo sistema. Esa circunstancia ya le costó la salida a la Ministra de Justicia Marcela Losardo, amiga directa del Presidente Alberto Fernández. Al renunciar dijo que se necesita a otra persona porque hay que cambiar “de actitud”. La funcionaria saliente es consciente que con esa cloaca el diálogo no existe porque son un poder contrafáctico. Es el único de la República que no es elegido por los ciudadanos y que además dispone de privilegios y protecciones propios de una monarquía pero no de una democracia.

(Texto publicado en el Número 100 de la Revista ECO Informativo)